Exclusión social, democracia y elección colectiva

La teoría de la elección colectiva explica cómo adopta sus decisiones el sector público a partir de las preferencias de los ciudadanos. Para poder hacerlo, es necesario emplear algún sistema de agregación de esas preferencias que permita seleccionar entre las distintas decisiones y usos alternativos de los recursos. Aun siendo una regla imperfecta, la mayoría de los países utilizan la democracia representativa como vía para ordenar y decidir qué alternativas de intervención pública llevar a cabo, gracias a la sencillez de la votación mayoritaria y a la posibilidad de que participen todos los ciudadanos.

Los politólogos y economistas han prestado una especial atención a los diferentes modelos que tratan de comprender la democracia como un sistema de agregación de las preferencias sociales. El conocido teorema del votante mediano, por ejemplo, anticipa la victoria en unas elecciones de la fuerza política cuyas propuestas de gobierno se aproximen más a las preferencias de los ciudadanos que ocupan el centro de la distribución de votantes según la ideología política. La forma de esta distribución puede ser distinta en cada país y no es constante en el tiempo, como demuestra la alternancia en el poder de diferentes partidos.

Si las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones consiguen identificar las preferencias del votante mediano y ajustan a ellas su oferta electoral es probable que puedan maximizar sus votos. Este argumento, sin embargo, no siempre es compatible con la realidad económica y política. Sin entrar en tecnicismos, para que se den esas premisas una condición básica es que los votantes no prefieran las alternativas extremas a las intermedias. Al igual que suele pasar en las relaciones afectivas, puede haber áreas de intervención pública en las que tenga sentido preferir mucha o poca intervención pública en lugar de un nivel intermedio.

Los límites, en cualquier caso, del modelo del votante mediano como pilar interpretativo del proceso democrático son más relevantes que el que se acaba de mencionar. En primer lugar, se asume que los políticos se limitan simplemente a lograr el máximo de votos y que para ello están dispuestos a renunciar a su ideología. A pesar del creciente número de trasvases de un partido a otro, o de que la indefinición ideológica de alguna fuerza política sea su principal característica, los resultados de las elecciones en varios países, incluida España, demuestran que la ideología sigue siendo importante en el diseño de las estrategias electorales. En segundo lugar, estos modelos tienen mucho más sentido en contextos de bipartidismo que en otros más plurales. En tercer lugar, el pragmatismo de estas aproximaciones suele menospreciar la importancia del carisma de los líderes políticos. Si bien nos hemos ido conformando con la creciente llegada de líderes anodinos a los puestos de poder de muchos partidos, las personalidades pueden ser muchas veces más importantes que las ideologías o que, incluso, las propuestas políticas.

Siendo importantes los límites citados, probablemente el mayor es la reducida equivalencia entre el votante mediano y el ciudadano medio. Esta realidad pone en cuestión la validez de la democracia para integrar las preferencias de todos los ciudadanos, al dejar fuera de las reglas de decisión a quienes no participan en las elecciones. Esto no sería un problema si la abstención fuera un hecho aleatorio, pero la realidad es que la abstención es mucho mayor en las zonas donde las familias disponen de menor renta.

En algunos de los barrios más pobres de España, la participación electoral no llega al 20%. Los trabajos de campo en esos entornos muestran la falta de confianza de los ciudadanos más pobres en la democracia y en la utilidad de los partidos políticos para responder a sus necesidades. Están excluidos del empleo, del consumo e, incluso, de las relaciones sociales y de la salud, dimensiones a las que sí pueden acceder la mayoría de las personas que viven en su misma ciudad. Así, en todas las ciudades es posible encontrar una gran brecha entre la participación electoral en las zonas de mayor renta y en las más pobres. Mientras que en calles del Polígono Sur en Sevilla la participación no llega al 14%, en el barrio de Nervión votan cerca de nueve de cada diez electores. En Madrid, apenas lo hace uno de cada diez ciudadanos en la sección electoral del Vertedero de Valdemingómez, frente a más del 85% en secciones del barrio de Salamanca.

El VIII Informe FOESSA, que acaba de publicarse, muestra el estrecho grado de relación que hay entre la exclusión social y la abstención. El informe revela que esa correlación ha subido en casi todas las ciudades en la última década. La crisis amplió el denominado “precariado político”, formado en buena medida por los expulsados de los trabajos tradicionales que han desaparecido, que son quienes están haciendo crecer los agujeros de la democracia. Entre los más damnificados por la crisis, algunos encontraron una salida en los nuevos partidos, pero una gran mayoría pasó a acompañar a los excluidos tradicionales en la abstención electoral. El resultado es un mayor peso de otros estratos sociales en esos procesos, ampliándose, por tanto, la brecha entre los ciudadanos no sólo en términos de renta sino también en el plano político.

Los fenómenos de exclusión significan un alejamiento de los comportamientos medios. Si los ciudadanos que más necesitan que los decisores públicos les presten atención no votan, sus preferencias dejan de entrar en el sistema. Y si se tiene menos en cuenta una proporción creciente de preferencias sociales, las imperfecciones de la democracia como regla de toma de decisiones serán cada vez mayores. El corolario, como acaban de demostrar Daron Acemoglu y otros investigadores, es que a peor democracia no sólo hay mayor injusticia social sino también menor crecimiento económico.

Luis Ayala es profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos