La OIT debate que la salud en el trabajo sea considerado un derecho fundamental

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) quiere celebrar sus 100 años de vida con una declaración que recoja los cambios que se están dando en el mundo de trabajo con la revolución tecnológica. En el borrador que estos días negocian sus miembros —Gobiernos, patronales y sindicatos— destacan dos elementos: prevé “exhortar” a los estados miembros para que incluyan garantías en la “protección de la privacidad y de los datos” de los trabajadores, sea cual sea “la modalidad contractual” (en plata, asalariado o autónomo), y recoger como un derecho fundamental en el trabajo la seguridad y la salud.

La OIT celebra esta semana y la que viene su 108 conferencia. Ya hace años que estas fechas estaban marcadas en rojo en el calendario de esta organización internacional tripartita (compuesta por sindicatos, empresario y Gobiernos) dependiente de la ONU y no solo por el evento, sino porque este año coincide con su centenario. Para aprovecharlo, su director general, Guy Ryder, lanzó en 2016 una larga reflexión en este órgano dependiente de la ONU sobre los cambios en el mundo de trabajo que cristalizó en enero en un documento que ahora pretende trasladar a una declaración programática de la institución.

En el borrador que manejan las delegaciones presentes, hay un cambio importante en lo que la OIT define como derecho fundamental del trabajo desde 1998. Hasta ahora hay cuatro: libertad sindical, erradicación del trabajo forzoso, eliminación del trabajo infantil (todavía 152 millones de niños trabajan según sus cálculos) y prohibición de la discriminación. A estos derechos, se pretende añadir “la salud y seguridad en el trabajo”.

Este cambio tiene importancia práctica, ya que en los acuerdos comerciales suele incluirse el respeto a los derechos fundamentales de la OIT como premisa y puede contribuir a reducir el dumping laboral.

Incluir la seguridad y salud en el trabajo o en este listado puede suponer un mayor seguimiento a los convenios aprobados en la organización por esta materia y, por tanto, mayor presión a los estados para su ratificación. También puede servir para dar paso a legislaciones como la francesa, que obligan a empresas multinacionales a dar cuenta en su cadena de valor cómo es el cumplimiento de estos derechos.

Otro de los elementos que destacan en la declaración es cuando “exhorta” a los estados a impulsar la formación de los trabajadores durante toda la vida o a una “protección social universal, completa y sostenible”. También pide proteger a los trabajadores en las “nuevas formas de trabajo” con garantías “con independencia de su modalidad contractual”. Para eso recurre a reivindicaciones tradicionales (salario vital adecuado o número máximo de horas), e introduce una nueva: “La protección de la privacidad y de los datos personales”. Explica María Luz Vega, coordinadora Internacional del Futuro en el Trabajo en la OIT, que esta garantía debería ahora desarrollarse normativamente —los llamados convenios— si viera la luz en el documento final.

Hay que tener en cuenta que las declaraciones de la OIT no son fuente de derecho. Sí que lo son sus convenios cuando se ratifican por los estados. No obstante, como explica Joaquín Nieto, director de la OIT en España, los gobiernos sí que deben dar cuenta de qué han hecho para avanzar en este terreno.

La negociación sobre el contenido de ese documento comenzó ya entrado el miércoles, apuntan fuentes oficiales de la OIT, aunque la conferencia comenzó el lunes y por ella han pasado líderes como la canciller alemana, Ángela Merkel, o el presidente francés, Emmanuel Macron. Para llegar a un acuerdo, tendrán que limar las diferencias que se han plasmado en más de 400 enmiendas.