Movilidad inteligente y gobernanza pública

Hace ya algún tiempo que la movilidad, especialmente la movilidad urbana, es un tema de moda que no puede faltar en las agendas de los partidos políticos, los urbanistas o los expertos en economía del transporte y en ciudades. Como sucede con otras muchas cuestiones, para que un tema ocupe un lugar preeminente en el debate político, en el académico o en la sociedad en general, tienen que confluir en un momento determinado una serie de circunstancias que lo hagan particularmente sugestivo. En mi opinión, esta preocupación por la movilidad ha surgido en este tiempo con tanta intensidad debido a cuatro factores:

1. Los acuerdos de los gobiernos y las instituciones internacionales a nivel mundial para hacer frente al cambio climático.

2. El crecimiento continuo de la atracción de la población hacia las grandes ciudades y mega-ciudades.

3. La transformación digital de la sociedad.

4. Las nuevas oportunidades de negocio que estas transformaciones llevan consigo.

El debate de hace años sobre el cambio climático hoy no es tal. Es ya un hecho incontrovertido e indiscutible para la comunidad científica y no cabe pensar en una opción política que no tenga entre sus prioridades la lucha contra el calentamiento global.

La Unión Europea, dentro de lo que se ha llamado el “Clean Energy Package” se ha fijado para 2020 una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 20% con respecto a 1990; que un 20% del consumo total de la energía proceda de energías renovables y que la eficiencia energética se incremente en un 20%. Para 2030, estos mismos objetivos son más ambiciosos y para 2050 se fija como meta una reducción de emisiones en un 85-90% con respecto a los niveles de 1990.

Los acuerdos de París en 2015, en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, fijan como objetivo a largo plazo mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC sobre los niveles preindustriales, así como limitar el aumento a 1,5ºC, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático. La Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), particularmente los ODS 9 y 11 van en la misma dirección. En este contexto, los gobiernos de los países industrializados están promoviendo normas —llámense de transición energética, de cambio climático, etcétera— con medidas concretas para cumplir estos objetivos.

La línea entre el transporte público y privado se desdibujará y traerá una nueva gestión de las ciudades

¿Cuál es la relación entre movilidad y GEI? Hay abundantes datos en la literatura. Según el informe, por ejemplo, de Monitor Deloitte, en España, un 24% de las emisiones de GEI provienen del sector del transporte; el 70%, a su vez, del transporte por carretera y de ésta, el 94% de los vehículos particulares. Además, el impacto de las emisiones de NOx, SOx, y CO2 es particularmente elevado en las ciudades.

Ciudades en las que, según los datos de Naciones Unidas, vive hoy el 55% de la población mundial y que en 2050 alcanzará el 68%. A ello hay que unir las predicciones de crecimiento demográfico que prevé para ese año que 2.500 millones de personas más vivirán en entornos urbanos. Europa es uno de los continentes más urbanizados. La ONU asegura que el 73% de la población europea vive hoy en las ciudades y en 2020 llegará al 80%. España se coloca por encima de la media europea, con un 79% de la población que vive en zonas urbanas.

Mencionaba en las primeras líneas de este artículo que para que un tema ocupe un lugar preeminente en el debate político, en el académico o en la sociedad en general, tienen que confluir en un momento determinado una serie de circunstancias que lo hagan particularmente sugestivo. Si a la preocupación mundial por la descarbonización de la economía y el crecimiento exponencial de las ciudades unimos la transformación digital de la sociedad tendremos como resultado la “Smart Mobility” como una de las grandes transformaciones del siglo XXI.

El big data, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial o la realidad aumentada, como grandes transformaciones tecnológicas, permiten tener una información cuasi exacta de la movilidad de las personas y las mercancías y facilitar un análisis exhaustivo de la misma. Uno de los grandes retos que se abre es el de la disponibilidad-propiedad de esta información al servicio de la mejora de las condiciones de bienestar de las personas y en particular de la movilidad.

Bajo el concepto de “Smart Mobility” podemos incluir cuatro grandes ambiciones: conseguir un uso eficiente de las infraestructuras; mejorar la utilización de los medios de transporte en términos de ocupación, autonomía y energías limpias, conseguir una intermodalidad y movilidad de última milla eficientes mediante el desarrollo de plataformas de intermodalidad e incorporar el pensamiento digital a la gestión urbana.

La disrupción que conlleva el avance en estas ambiciones en términos económicos, medioambientales, geopolíticos y sociales es inmensa y de una proporción difícil de imaginar. Los expertos James Arbib y Tony Seba estiman, solo respecto de la implantación del coche autónomo y en consecuencia del “Transport as a Service” (TaaS) que su coste como alternativa de transporte será de cuatro a diez veces más barato que comprar un coche nuevo, o de dos a cuatro veces más barato que mantener un coche en 2021. La previsión de la caída en la demanda de vehículos y de consumo de combustibles fósiles es también extraordinaria. Esta revolución de la “Smart mobility” está trayendo ya, y lo hará con mucha más intensidad, nuevas oportunidades de negocio y de creación de riqueza. Ya estamos viendo las nuevas empresas de car-sharing, moto-sharing, car-pooling, patinetes eléctricos y bicicletas; o la generalización del uso del VTC. Dentro de poco veremos los coches semiautónomos y autónomos, pero su implantación generalizada requerirá instalaciones de alimentación privadas, públicas diseminadas, electrolineras, gasineras, espacios de aparcamientos centralizados equipados, desarrollo de infraestructuras ad hoc para vehículos autónomos, etcétera.

El transporte público terrestre requerirá la transformación del parque con autobuses eléctricos. Shenzhen, en China, es hoy la ciudad líder con 17.000 autobuses eléctricos. Así como la transformación del material móvil de los servicios públicos. En el transporte interurbano ferroviario habrá que electrificar determinados corredores importantes que aún no lo están, aumentar el parque de trenes híbridos o desarrollar trenes propulsados por hidrógeno o GNL. En el transporte interurbano por carretera, tanto de camiones como de autobuses, el GNL, el GNC y los biocombustibles están llamados a jugar un papel importante y posiblemente no solo como combustibles de transición. Y así podríamos seguir con una lista casi infinita de transformaciones por llegar.

Por último, todo este intenso proceso hará también que la separación entre el transporte público y el privado se desdibuje y ello tendrá consecuencias, sobre todo, en la gobernanza de las ciudades, que va a tener que afrontar también nuevos retos como conjugar políticas de incentivos y desincentivos de forma simultánea con prohibiciones; o manejar una tensión creciente entre las soluciones tecnológicas y los conflictos de intereses en la vida urbana.

Junto con los problemas de movilidad para los que la tecnología ofrecerá, de hecho, ya ofrece en muchos casos, soluciones que provocan escaso conflicto y resultados ciertos, van a surgir un número creciente de problemas para los que no existen ni resultados ciertos ni ausencia de conflicto entre los distintos intereses en juego: residentes, ciudadanos en general, representantes políticos, empresas, industrias, negocios establecidos y un largo etcétera. Ello va a exigir de nuestros gobernantes la aplicación de soluciones adaptativas —prueba y error— y de mucho talento. En definitiva, estamos viviendo y vamos a presenciar un proceso de cambio cuyas dimensiones y consecuencias hoy se nos escapan todavía.

Julio Gómez-Pomar es ex secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.