Luces y sombras de una legislatura europea

Las elecciones europeas de 2019 ofrecen un momento adecuado para valorar los resultados de la gestión de las instituciones europeas tras los tormentosos acontecimientos de la crisis económica y financiera que azotó la eurozona entre los años 2009 y 2014. La Comisión Juncker llegaba con el objetivo de relanzar el crecimiento económico y la cohesión, incrementar las inversiones productivas y avanzar en el mercado único, reformar la gobernanza de la zona euro y restañar las heridas abiertas durante la crisis entre el norte y el sur de la Unión Europea (UE).

Los resultados, tras cinco años de gestión, deben considerarse mixtos. Por el lado de los éxitos, Juncker ha desarrollado un activismo político dirigido a mejorar las condiciones de crecimiento de la Unión, particularmente con la puesta en marcha del Plan de Inversiones para Europa que, tras un comienzo titubeante, ha conseguido movilizar hasta 392.000 millones de euros, en proyectos distribuidos por el conjunto del territorio de la Unión. A este considerable esfuerzo, debe añadirse el estímulo proporcionado por los 649.000 millones de euros de fondos estructurales, sumando un impulso inversor que supone algo más de un billón de euros, o, lo que es lo mismo, ligeramente inferior al 2% del PIB acumulado de toda la UE. Es indudable que este impulso ha contribuido a mejorar las perspectivas de crecimiento y empleo de la Unión, aunque quizá deba considerarse insuficiente.

Del lado de la política comercial, la UE aprobó el acuerdo de asociación con Canadá, el primero de una nueva generación de acuerdos, que se completó con la entrada en vigor del tratado con Japón este mismo año, constituyendo así el área de intercambio comercial más grande del planeta. En el lado del debe, cabe situar las estancadas negociaciones con Estados Unidos, definitivamente abandonadas en abril de 2019. La Unión Europea se encuentra ante un socio comercial, los Estados Unidos de Trump, que ha transformado la cooperación económica en una amenaza de guerra comercial, afectando gravemente las previsiones del comercio internacional y debilitando los fundamentos del crecimiento europeo.

Atendiendo a la Europa social, destaca la puesta en marcha del Pilar Social, que acompañará al proceso de gobernanza económica estableciendo una serie de estándares en materia de condiciones de trabajo, de igualdad de oportunidades en el empleo y de inclusión social. El pilar debe complementar los esfuerzos desarrollados en protección social en el ámbito europeo, en un momento en el que la desigualdad amenazaba la cohesión de buena parte de las sociedades europeas.

Pero donde el resultado ha sido más decepcionante es en la reforma de la eurozona. Pese a avances como el desarrollo de la Unión Bancaria, o la creación y activación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, los avances han sido muy pocos, y esas pocas mejoras son demasiado tímidas. La negativa de los países del norte, configurados en torno a la denominada “nueva liga hanseática”, a utilizar los recursos fiscales para asegurar los mecanismos de control, mitigación y mutualización de riesgos —como un auténtico presupuesto de la eurozona, el seguro de desempleo europeo, o un backstop fiscal sólido como para dar credibilidad a la Unión Bancaria— han reducido las probabilidades de construir una respuesta eficaz en caso de nuevos shocks asimétricos. La flexibilización de los criterios de déficit ha resultado poco útil y las reglas fiscales mantienen parámetros muy similares a los existentes antes de la crisis. En todo este tiempo, lo más innovador ha sido la audacia de Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo (BCE), con su política no convencional, que ha tocado ya a su fin.

En un contexto en el que el crecimiento económico europeo se debilita, con altas tasas de deuda pública todavía por digerir, y con el arsenal de la política monetaria del BCE prácticamente agotado, es necesario retomar la agenda económica europea. La UE no sólo debe reforzar y ampliar su dimensión inversora para lograr una mayor competitividad, sino seguir trabajando, y de manera urgente, en facilitar un marco de gobernanza económica que permita hacer frente a eventuales nuevas crisis asimétricas. De lo contrario, una nueva recesión puede poner al continente, de nuevo, frente a su enésima crisis existencial.

José Moisés Martín es economista y consultor