Adif pedirá indemnizaciones a las empresas que se repartieron sus concursos

Adif, la sociedad pública encargada de las infraestructuras ferroviarias, exigirá daños y perjuicios a las 15 empresas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por repartirse los concursos de electrificación de las vías. La empresa dependiente del Ministerio de Fomento, también estudiará la imposición de una penalización a las firmas que hubieran cometido estas prácticas, que puede llegar hasta el 50 % del precio del contrato e incluso a su resolución.

La CNMC anunció la pasada semana la imposición de una multa de 118 millones de euros a 15 empresas por formar varios cárteles para repartirse 200 concursos públicos de infraestructura ferroviaria de Adif por valor de más de 1.000 millones de euros durante 14 años.

Adif, a través de sus dos sociedades –Adif y Adif Alta Velocidad- licitará próximamente un contrato para la realización de un informe especializado que determine los daños y perjuicios que las conductas sancionadas hayan supuesto a las entidades contratantes.

Asimismo, modificará su contratación de forma que los nuevos pliegos incluyan una condición que obligue a las empresas adjudicatarias a asumir que su participación se realice de forma íntegra, ética y evitando la comisión de cualquier tipo de fraude.

Colaboración con la CNMC

Adif aseguró hoy en un comunicado que no ha tenido participación en las conductas sancionadas y que estas “no han sido ni consentidas ni advertidas”, como ha reconocido la CNMC, con la que han colaborado de forma activa con en el esclarecimiento de estas prácticas.

La sociedad ha mostrado su voluntad de identificar los contratos adjudicados en estos mercados desde 2017, así como el resultado de las licitaciones en curso. También señala que habrá que esperar a lo que instruya la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y a la correspondiente resolución del Ministerio de Hacienda para saber el alcance y la duración de la prohibición para estas empresas de contratar con la Administración.  Las empresas sancionadas son Elecnor, Siemens, Indra, Isolux, Inabensa (Abengoa), Alstom, Telice, Comsa, Neopul (Sacyr), Eym (OHL), Citracc y las filiales de ACS Cobra, Semi, Cymi y Electren.