Una cadena de demandas calienta el entorno de El Corte Inglés

El miércoles el juez del Juzgado número 46 de primera instancia de Madrid, José María Escudero, decidió archivar la querella presentada por Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés (ECI), contra el exjefe de seguridad de los grandes almacenes y expolicía, Juan Carlos Fernández-Cernuda, la madre de este, María Clara Concepción Hidalgo, y el también expolicía Joaquin Domingo Martorell. Gimeno les acusaba de administración desleal, delito societario y corrupción en los negocios, que el juez no ha encontrado como tales pese a que consideró que había indicios suficientes cuando admitió a trámite la querella el pasado septiembre.

Con esta decisión, que Gimeno piensa recurrir ante la Audiencia Provincial, se calienta el rosario de demandas presentadas por el expresidente de la compañía y su entorno que, sustantivamente, van dirigidos contra Marta y Cristina Álvarez Guil, hijas de Isidoro Álvarez, expresidente de la compañía, y consejeras de la misma. Son demandas interpuestas por la hermana de este y madre de Gimeno, María Antonia Álvarez (alguna con su hermano César) y están centradas en cuestiones hereditarias y en la sociedad patrimonial IASA (Isidoro Álvarez SA), participada por las hermanas con un 69%; y Gimeno, su madre y su tío, con el resto.

IASA posee el 22% de ECI (segundo accionista tras la Fundación Ramón Areces). Gimeno, su madre y su tío han querido segregar su participación para poder controlarla, ya que ahora están imposibilitados por la mayoría que ejercen sus primas. Fuentes consultadas de ECI prefieren mantener silencio porque están en proceso judicial, aunque otras fuentes del entorno de las hermanas Álvarez Guil han comentado que las demandas carecen de fundamentos para sustentarlas.

El caso es que se encadenan hasta cinco demandas. La primera dirimida, la impugnación de los acuerdos adoptados en la junta de IASA el 11 de octubre de 2017, está pendiente de que se dicte sentencia tras celebrarse el juicio el 23 de enero en el juzgado número 2 de lo Mercantil de Madrid. La demanda se interpuso frente a IASA por vulneración del derecho de información del socio y por existir una condonación de deuda “camuflada” por valor de unos siete millones en las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2016.

La atención está ahora en el 21 de marzo, cuando el juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid ha convocado la vista para las pruebas sobre la impugnación del acuerdo de reducción de capital de 6 de septiembre de 2016 en IASA. La demanda solicita que se declare “la ineficacia y nulidad” de la reducción del capital de 121 millones de euros a 50.000 euros, “porque fue adoptado en una junta que no fue válidamente constituida y en prejuicio del interés social y en beneficio de unos socios concretos [las hijas de Isidoro Álvarez]”. La demanda solicita “la restitución in natura de las aportaciones que recibió la masa hereditaria en el acuerdo de reducción de capital y, subsidiariamente, la restitución de su equivalente económico”.

El 21 y el 25 de marzo y el 29 de mayo están previstas ya tres de las cinco vistas pendientes

Fuentes del entorno de las hermanas consideran que las denuncias carecen de fundamentos

Cuatro días después está programada la audiencia previa sobre la nulidad del acuerdo de asunción de deuda de 25 de octubre de 2016 que lleva el juzgado de primera instancia número 77 de Madrid. Según la denuncia, las dos hermanas y la sociedad MJMC Inmobiliaria quedaron liberadas de sus obligaciones de pago de los préstamos por valor de 4,2 millones que mantenían con IASA, deuda que fue asumida por Inversiones MJM. Según la demandante, “el contrato fue formalizado en una situación clara de conflicto de interés y sin consentimiento válido del resto de accionistas de IASA”. Las demandadas arguyen que fue una condonación entre empresas.

Para el 29 de mayo está fijada la demanda referente a la adopción de Marta y Cristina por parte de Isidoro Álvarez. Según el escrito presentado ante el juzgado de primera instancia número 10, “la adopción fue irregular, ya que las demandadas nunca convivieron con el adoptante antes de los 14 años”. Las hermanas, que fueron adoptadas estando incluso casadas, sostienen que la adopción es “irreversible”, en tanto que no se cumplen ninguno de los supuestos para solicitarlo: que lo haga el adoptante, las adoptadas, el apdre o madre biológico y que haya condiciones de maltrato o similar.

Además, el juzgado número 19 de Madrid debe fijar nueva fecha para la audiencia previa sobre la impugnación de la reducción de 10 a cinco millones de su legado. La demanda va dirigida, además de a las hermanas, a su madre María Josefa Guil y los albaceas Carlos Martínez Echevarría, Ramón Hermosilla y Antonio Hernández Gil, así como contra los legatarios.