La salida de Borja Prado de Endesa destapa la tensión con los dueños italianos de Enel
La dirección española discrepa con el principal accionista por el negocio en Latinoamérica
La salida de Borja Prado de la presidencia de Endesa ha dejado a la intemperie las desavenencias entre el principal accionista, el grupo italiano Enel, y la dirección española. Las diferencias surgieron a partir de la compra de los activos de Endesa en Latinoamérica por Enel en otoño de 2014, lo que limitaba el negocio de la española a la península Ibérica. La operación fue diseñada por Enel, que antes había dado un golpe de mano sustituyendo a Fulvio Conti por Francesco Starace como primer ejecutivo, lo que supuso un vuelco en las relaciones con España.
La venta del negocio en Latinoamérica de Endesa a su matriz Enel por 8.253 millones de euros —tras la operación la española repartió generosos dividendos a su matriz con los que casi financia la compra—, supuso la marcha del consejero delegado, el italiano Andrea Brentan, que no mostró entusiasmo con el desmantelamiento de la filial española. Le sustituyó el español José Bogas, que curiosamente conectó con Starace desde el principio.
A Borja Prado tampoco le gustó mucho la operación. No obstante, trató de templar gaitas con el Gobierno del PP. Prado, que llegó a la presidencia de Endesa en 2009 tras dos años de consejero, era un hombre de confianza del grupo italiano que le conocía por ser el representante de Mediobanca en España. Su labor, en esos primeros años, se centró en calmar las aguas intermediando entre la empresa y el Gobierno y encauzando los resultados de la empresa. En esos años mantuvo siempre una relación muy estrecha con Conti y Brentan, lo que le había permitido mantener la españolidad de la empresa y su poderío en Latinoamérica (contaba con activos en Argentina, Brasil, Perú, Colombia y Chile, concentradas en la marca Enersis). En 2015 fue renovado como presidente, cargo que dejará en abril tras rendir cuentas del ejercicio, al no ser revalidado por Enel. La salida supone una indemnización mínima de 12 millones.
Enel había aterrizado en Endesa en 2007 tras una cruenta batalla empresarial con interferencias políticas. El grupo italiano, de la mano de Acciona y con el apoyo del Gobierno de Zapatero, lanzó una opa sobre Endesa, que ya había pactado la entrada de la alemana E.ON como respuesta a la primera intentona de Gas Natural (hoy Naturgy), que acabó retirándose. La alianza supuso que José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, asumiera la presidencia de Endesa durante dos años, justo cuando decidió vender su 25% y quedarse con los activos eólicos de Endesa. Enel se quedó con el 92%, que posteriormente reduciría al 70% actual.
Estas cifras han sido esgrimidas por los sindicatos, que estallaron en la junta de accionistas de 2018. Los portavoces de UGT, CC OO y el independiente SIE atacaron a Starace, presente como vicepresidente, que mantuvo una sonrisa forzada durante las intervenciones. Según los sindicatos, además Enel ha incumplido los compromisos adquiridos en la opa, ya que no ha mantenido el perímetro geográfico (venta de activos de Latinoamérica), la gestión se ha trasladado a Italia, las inversiones estratégicas se han reducido y se ha vendido el negocio de distribución de gas. Asimismo, denunciaron que los contratos con proveedores se desviaron a Italia, en muchos casos a precios más altos que en España, y que solo invertían en contadores, que para más inri provenían de Italia.
Acusaciones de expolio
La ofensiva sindical siguió y se plasmó en la carta que UGT envió a Prado, Bogas y los cinco consejeros independientes en la que acusaba a Enel de “expoliar” la firma española y quererla vender “al mejor postor”. “Estamos en condiciones de afirmar, en plena conciencia de su gravedad, que la voluntad última de Endesa es generar dividendos para Enel a costa del salario y de los derechos de los trabajadores, terminar un proceso consciente y planificado de descapitalización y, finalmente, venderla o trocearla para su venta al mejor postor”, aseguraba UGT en la carta difundida por EL PAÍS en noviembre. Fuentes de la eléctrica aseguraron que las acusaciones eran para presionar en la negociación del convenio colectivo y que Enel no tenía intención de desinvertir. El asedio sindical no tuvo ninguna repercusión en el Gobierno de Sánchez, ni en el Parlamento, pese al llamamiento a los grupos políticos.
La única respuesta política la había protagonizado Álvaro Nadal en mayo de 2017 siendo ministro de Energía. El ministro acusó a Enel en el Senado de “hacer política a favor de los ciudadanos italianos a costa del consumidor español y de los trabajadores españoles”. Desde entonces, las relaciones entre el Ejecutivo y los italianos se enfriaron.
El Gobierno del PP llegó a advertir a Enel y, de hecho, su oposición a que Atlantia entrara en Abertis respondió en gran parte a este conflicto, que luego se arregló en parte tras la alianza con ACS.
Una jugosa inversión
La italiana Enel invirtió entre las diferentes adquisiciones entre 2007 y 2009 una cifra cercana a los 37.800 millones de euros. La inversión se ha visto compensada de sobra con unos 3.133 millones por la venta del paquete del 22% en Bolsa, casi 26.500 millones de dividendos entre 2007 y 2018, además de unos 1.800 millones en exenciones fiscales por una deducción por doble imposición que le permite generar un ahorro fiscal equivalente al 11% de los dividendos repartidos. Estos beneficios fiscales le han permitido reducir al máximo su factura fiscal en España.
A estos retornos habría que sumar los que aportan a la matriz italiana los negocios de Latinoamérica que en una controvertida operación de ingeniería contable fueron traspasados en 2014 de Endesa a Enel a un precio muy ventajoso.
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