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OPINIÓN i

La efectividad de los derechos humanos

Miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas protestan en Barcelona en febrero de 2018
Miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas protestan en Barcelona en febrero de 2018

Uno de los problemas de los derechos humanos es que puedan ser ejercitados. Existe la percepción de que son declaraciones de grandes ideales, pero sin aplicación práctica. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) fue un logro histórico, pero no se puede invocar ante un tribunal. Un paso decisivo fue el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en vigor desde 2013. El protocolo permite presentar reclamaciones al Comité DESC de Naciones Unidas en Ginebra cuando consideran que se han vulnerado sus derechos. No se requiere abogado y es gratuito.

Los dictámenes del Comité DESC son importantes en la defensa del derecho a la vivienda. España ya ha sido condenada en 2015 y 2017 por asuntos relacionados con desahucios. El último dictamen reprobó la indefensión de una familia argelina con dos hijos menores de tres años, tras ser desalojados de su casa alquilada en Madrid sin ofrecerle una vivienda alternativa. La resolución establece que los desalojos de personas vulnerables solo se ejecuten “después de que el Estado haya realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa”. Y recordó que la Comunidad de Madrid, que no dio una vivienda, no explicó las razones por las que vendió 2.935 casas a fondos de inversión (Goldman Sachs) y pidió la publicación del dictamen para que lo conociera todo el mundo.

La intervención del Comité DESC ha sido posible gracias a la acción de asociaciones como el CAES, Cáritas, Amnistía Internacional, PAH y Fundación de la Abogacía, entre otras. Estas entidades se han apoyado en los organismos de Naciones Unidas que garantizan los derechos de los ciudadanos. Javier Rubio, abogado de la PAH, considera que el dictamen “prepara el camino para que los derechos sociales sean justiciables, es decir, se pueda exigir su cumplimiento ante los jueces”.

El Estado, sin embargo, sigue ocultando estos dictámenes. El Defensor del Pueblo, representante oficial de Naciones Unidas, ha censurado que no se dé publicidad al dictamen. Su difusión entre los jueces no ha llegado hasta noviembre de 2018, tras un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial con las asociaciones del Grupo de Monitoreo Dictamen DESC. A pesar de la resistencia estatal, la efectividad de los derechos humanos avanza, como señala Sonia Olea, abogada de Cáritas, que precisa que “hoy en Ginebra hay más de 80 reclamaciones por desahucios”.

El pasado julio, el Tribunal Supremo aceptó por primera vez la aplicación en España del dictamen del Comité de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), y condenó al Estado a indemnizar a una mujer por daños morales.

Ante el ruido de los discursos nacionalistas y populistas, los derechos esenciales avanzan gracias a los tribunales europeos y organismos de Naciones Unidas, cada vez más utilizados por la sociedad civil.

 

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