Un tercio de los nuevos contratos públicos de seguridad incumplen la norma en los precios

La nueva ley de contratación pública se va aplicando con trompicones. En los primeros meses en vigor, se publicaron unos 550 concursos sobre seguridad privada por todas las administraciones de los que 181 no cumplían la exigencia de que el precio no pesara más del 49% en la baremación final, según los cálculos del observatorio creado por la patronal de grandes empresas del sector, Aproser, y los sindicatos UGT, CC OO y USO. La mayoría de esos problemas, más del 75%, se subsanan en el periodo de alegaciones, apuntan en el propio observatorio. El Ministerio de Hacienda señala, por su parte, que los concursos que supervisa —contratos de seguridad centralizados en Madrid de la Administración estatal— sí se ajustaban a la norma.

Desde el 9 de marzo de 2018, las subcontratas nuevas de la Administración cuando salen a concurso no pueden asignarle al precio más del 49% de la baremación final. También deben dar preferencia a las empresas que respeten el convenio sectorial frente al de empresa. El objetivo es evitar que se deterioren las condiciones laborales de los trabajadores de esas compañías.

Esto se está cumpliendo en la mayor parte de ocasiones. Pero hay un porcentaje de incumplimientos en la fase inicial, denuncian desde el observatorio de la seguridad privada. Este órgano, que agrupa principalmente a las grandes empresas del sector, calcula que en 181 de 550 (el 33%) concursos analizados entre mayo y octubre pasado el peso del precio superaba esos 49 puntos porcentuales que marca la ley. Ninguna administración destaca especialmente. Sobre los contratos vigentes adjudicados con la norma antigua, Hacienda aclara que no tienen porqué cumplir este requisito todavía.

Cuando detectan esto, en el observatorio han optado por advertir a la administración de turno, señalan que no hay una que destaque sobre otras por su incumplimiento, sin llegar a los tribunales. Tras esa alegación, la mayor parte de veces se corrige, entre el 75% y el 80% de las veces, como en la Diputación de Palencia, y en otras incluso se desiste y se comienza un nuevo procedimiento, como ha sucedido en Patrimonio Nacional.

"No vamos a juicio porque no queremos que el sector esté judicializado y paralizado. Preferimos ayudar cuando detectamos que hay algún problema", apuntan desde la patronal Aproser y desde el observatorio, mostrando un listado de los procesos analizados sin enseñar los nombres de las administraciones afectadas, argumentan que no quieren que haya conflictividad de ningún tipo. En su opinión, esta situación se está dando por "costumbre", no por mala fe.

Mucha inercia

Comparte esta visión José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, experto en contratación pública. "Hay mucha inercia. Está costando la idea de que entre la calidad", ahonda, tras señalar que él no ha hecho un seguimiento cuantitativo de las cifras de contratación desde que la nueva ley entró en vigor, pero sí subraya que las del observatorio le parecen verosímiles.

También otra patronal como la de limpieza pública, Aselip, destacan que es una ley "muy complicada, que tuvo 1.070 enmiendas", y eso podría dificultar su aplicación. Aunque añaden: "Se sigue priorizando el precio y así no hay margen para la innovación, en el que las empresas españolas somos punteras".

Frente a la visión de las patronales, Diego Giráldez, de UGT, sindicato más representativo del sector, es más comprensivo. Subraya que los incumplimientos tras las rectificaciones son muy pocos. Cree que la nueva ley ha respondido a bastantes de sus reclamaciones. Aunque subraya que "los precios siguen siendo bajos en la seguridad privada" y eso, en un sector en que el 90% del coste es mano de obra, repercute en los sueldos.