El tapón legislativo que nos aleja de la UE

En España todo lo relacionado con la vivienda y las hipotecas suele acabar en drama. Nuestras leyes han quedado viejas y se adaptan con mucho retraso a la legislación europea, mucho más protectora de las personas. El conflicto está muy vivo porque los ciudadanos son cada vez más conscientes de sus derechos europeos mientras que la legislación no se ha acomodado a esta realidad. En ningún país se ha producido el atasco de los juzgados por miles de demandas de ciudadanos que exigen sus derechos. Los jueces españoles han acudido 26 veces al Tribunal Europeo para corregir esta situación. El reciente caos del Supremo por el impuesto sobre las hipotecas es el último ejemplo de ello. El legislativo es un tapón para nuestro acercamiento a Europa.

El ejemplo más preocupante de la ineficiencia del legislativo es el de los desahucios, el estigma más cruel de la crisis que ha golpeado a medio millón de familias. Durante los tres últimos años el Gobierno del Partido Popular ha sido incapaz de transponer (adaptar) la directiva 2014/17/UE sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles.

Esta directiva, que debía estar vigente en marzo de 2016, establece que los Estados “adoptarán medidas para alentar a los prestamistas a mostrarse razonablemente tolerantes antes de iniciar un procedimiento de ejecución”.

La norma europea es muy crítica sobre los causantes de la crisis, lo que también puede explicar el retraso en su adaptación. Así, señala que “la crisis financiera ha demostrado que el comportamiento irresponsable de los participantes en el mercado (los bancos) puede socavar los cimientos del sistema financiero, lo que debilita la confianza de todos los interesados, en particular los consumidores, y puede tener graves consecuencias sociales y económicas”.

El nuevo Gobierno socialista trata de remediar la situación a través de enmiendas al proyecto de ley reguladora de Contratos Crédito Inmobiliario. Es una carrera contrarreloj para evitar así la multa de 105.000 euros diarios por el retraso en adaptar la directiva.

Además son preocupantes las discrepancias sobre el fondo. La enmienda del Gobierno prevé que la ejecución hipotecaria sólo podrá iniciarse tras el impago del 3% de cuotas (nueve plazos) en la primera mitad de la vida del préstamo o el 7% en la segunda. El PP permitía la ejecución con el 2% y 4% de cuotas impagadas en los citados periodos. Unidos Podemos pide que no pueda iniciarse la ejecución si no hay al menos un 10% de cuotas impagadas. La ley actual permite la ejecución con sólo tres impagos. La propuesta del Gobierno no regula la dación en pago intensamente pedida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Todo esto tiene más trascendencia. El abogado general del TJUE Maciej Szpunar acaba de recordar que “el Derecho de la Unión ha situado la protección del consumidor en el corazón del proceso de integración europea”. Una protección que “ha sido la mejora cualitativa de las condiciones de vida en la Unión”. Sin derechos Europa tiene poco interés.