La Audiencia Nacional investiga a CaixaBank, Fainé y Gortázar por la compra del BPI

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata admitió el pasado miércoles una querella contra Isidro Fainé, expresidente de Caixabank, Gonzalo Gortázar, actual consejero delegado, y contra la propia entidad como persona jurídica, entre otros, por supuestas irregularidades societarias en el proceso de compra del Banco Portugués de Inversión (BPI), que culminó en febrero de 2017. La querella fue interpuesta por dos accionistas de Caixabank, que denunciaron que el procedimiento de aquella opa produjo un quebranto a la entidad de “cientos de millones de euros”. La operación denunciada está vinculada con un traspaso de acciones interno entre las propias CaixaBank y Criteria (su holding de inversiones), que presuntamente podría haber perjudicado a los accionistas minoritarios de CaixaBank.

Fuentes de la entidad bancaria han insistido, en declaraciones a la agencia Efe, en que todas operaciones realizadas para la toma de control del banco portugués se llevaron a cabo "en cumplimiento estricto de los requisitos legales" y sometidas "al conocimiento o autorizaciones de los reguladores pertinentes". 

CaixaBank se hizo en 2017 con el control mayoritario de las acciones del banco portugués a principios del año pasado tras una larga y dura batalla con la magnate angoleña Isabel Dos Santos. Posteriormente se hizo con todo el control. Sin embargo, la querella se centra en una operación de permuta de acciones entre Caixabank y su accionista de control, Criteria, previa a la compra del banco portugués. En esta operación, de diciembre de 2015, Caixabank transmite a Criteria el 17,24% del capital del Bank of East Asia (BEA), el mayor banco privado independiente de Hong Kong y que formaba parte de su cartera desde 2009. A cambio, Criteria traspasa a Caixabank acciones propias por un 9,9% del capital de la entidad más un pago en efectivo que se fijó en 642 millones. La permuta se llevó a cabo oficialmente el 31 mayo de 2016, tras recabarse las autorizaciones del Banco Central Europeo y de las autoridades regulatorias de Hong Kong.

El contrato establecía un precio fijo en el valor de las acciones que se permutaban, esto es, no se incorporaría el posible incremento del valor de los títulos cuando el mercado tuviera conocimiento de la posibilidad de opa sobre el Bank of East Asia. El BEA, controlado al 40% por la familia Li, Fainé y el banco japonés Sumitomo, comunicó esta circunstancia al regulador de Hong Kong el 19 de enero de 2016. Sin embargo, Caixabank no lo comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores española hasta el mismo 31 de mayo cuando la permuta fue efectiva.

En este periodo el valor de las acciones del banco hongkonés en poder de Caixabank creció en 320,3 millones de euros. Y desde esta fecha hasta el 15 de agosto de 2016, día de la máxima cotización del BEA, otros 334,4 millones. Según la querella, al producirse la permuta al precio fijo pactado en el contrato de permuta sin incorporar estas subidas “Caixabank (y por tanto sus accionistas minoritarios) sufrió un perjuicio de 654,7 millones de euros”. A esta cantidad habría que sumar, afirma la querella, el perjuicio patrimonial a Caixabank al verse privado del 17,24% de las acciones del Bank of East Asia.

“Esto pudo ocurrir”, afirma el juez “mediante el abuso de información privilegiada y de posición dominante como accionista de control en que Criteria impuso el acuerdo del consejo de administración en la Junta General de Accionistas de Caixabank del 28 de abril de 2016, negando la información solicitada a los accionistas minoritarios y negando cualquier modificación de la valoración de las acciones del BEA”.

Una operación para comprar BPI

La finalidad última de la operación de permuta, según la querella, “fue la participación de Caixabank en la adquisición del banco portugués BPI”. Caixabank financió la opa sobre el BPI, valorada en 645 millones, con la venta del 9,9% de autocartera que había recibido de Criteria en la permuta. La querella expresa que la venta de autocartera supuso una pérdida para Caixabank de 687 millones, diferencia entre el ingreso derivado del contrato de permuta en diciembre de 2015 (2.009 millones) y el ingreso obtenido en su colocación en el mercado para financiar la compra de BPI (1.322 millones).

Según la querella, la operación de compra del BPI supuso una pérdida adicional de 102 millones de euros para Caixabank por la concesión de un crédito de 400 millones de euros al Banco de Fomento de Angola, controlado por Isabel Dos Santos, hija del expresidente del país africano, y que era, además, la segunda accionista del portugués BPI. Esta operación, afirma la querella, iba encaminada a lograr el apoyo de Dos Santos a eliminar las restricciones de voto del BPI y asegurar el éxito de la adquisición.

La querella acusa a los directivos y a la entidad de delitos de abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios (tanto por falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad como por la imposición de acuerdos abusivos en la junta de accionistas). La acción judicial también se dirige contra el presidente del consejo de administración del Banco of East Asia, David K.P. Li, y los directivos de Caixabank Alejandro García Bragado Dalmau, Óscar Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla, Juan Antonio Álvarez García y Gonzalo Gortázar Rotaeche.

En el caso de las personas jurídicas Criteria Caixa SA y Caixabank SA, la resolución judicial les requiere para que designen un representante, abogado y procurador. El magistrado, que recuerda que la admisión a trámite de la querella, “no constituye, todavía y en todo caso, un acto de imputación formal”, solicita a la entidad, si entiende que “a su derecho conviene”, que le remita toda la documentación sobre aquella operación.

Es la segunda vez que la Audiencia Nacional abre una investigación a CaixaBank por una operación. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno citó en mayo como investigada —como persona jurídica— a la entidad por supuestamente ayudar a diversas organizaciones mafiosas de origen chino a blanquear 99,1 millones entre 2011 y 2015. El magistrado consideró que 10 sucursales, situadas en los alrededores del polígono Cobo Calleja, de Fuenlabrada (Madrid) y en la capital, participaron en el blanqueo de los beneficios ilícitos, y que lo hicieron “con el conocimiento y colaboración del responsable máximo de cumplimiento normativo de la entidad”.