Las comunidades autónomas se enfrentan por la PAC

El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas reanudan esta semana las negociaciones encaminadas a fijar los criterios para la distribución a partir de 2020 de los casi 5.000 millones de euros de ayudas directas comunitarias que suponen anualmente los pagos de la Política Agrícola Común (PAC).

La Administración central y los gobiernos regionales mantienen un total acuerdo sobre temas como la continuidad sin rebajas en los fondos destinados a la PAC, el mantenimiento de los pagos directos como ayuda a rentas, que los destinatarios sean los profesionales activos que desarrollan una actividad o el techo de pago por solicitante. Sin embargo, las comunidades se hallan divididas a la hora de definir los criterios para el reparto de los fondos. Andalucía, que recibe actualmente casi el 30% de las ayudas, ya ha puesto la primera piedra reclamando el mantenimiento del sistema. En la parte contraria, Castilla La Mancha, Aragón o Rioja reclaman cambios profundos que supongan un mayor equilibrio a la hora de la distribución de los fondos.

La aplicación actual de la PAC en España en lo que afecta a las ayudas directas, contempla los pagos base como una continuidad de los pagos ligados a los derechos históricos individuales con un techo de 150.000 euros. A partir de esa cifra se aplica una reducción del 5%, junto a una política de convergencia de ayudas en medio centenar de regiones en superficies de regadío, secano, pastos y cultivos leñosos con los agricultores activos como los destinatarios prioritarios.

Sin embargo, según los resultados de la aplicación de la PAC vigente, existe una gran desigualdad a la hora del reparto de los fondos entre comunidades autónomas con agricultores que perciben pagos muy diferentes en una misma actividad, según la ubicación de las tierras. Igualmente se considera que la política de convergencia no ha sido suficiente para acercar las ayudas a nivel estatal.

Actualmente, bajo las propuestas de la nueva reforma, prácticamente se da libertad a cada Estado miembro para acometer en sus programas una total redistribución de los fondos. En esa línea, son varias las comunidades autónomas que abogan netamente por la supresión de los pagos base ligados a los derechos individuales históricos, y que defienden una mayor convergencia de los pagos.

Los debates deberán abordar además otras cuestiones como la definición de “agricultor genuino”, como un escalón más de la figura del agricultor con prioridad para las ayudas, el techo de ayudas por explotación, la ayuda redistributiva desacoplada para pequeñas y medianas explotaciones o las subvenciones especiales para jóvenes productores.

La Administración central no se ha manifestado sobre la velocidad de los cambios. Sin embargo, se ha posicionado sobre conveniencia de no sembrar incertidumbres con posiciones de ruptura total del sistema, y tener en cuenta la necesidad de cambios para que agricultores y ganaderos que se enfrentan a las mismas dificultades o condiciones reciban el mismo nivel de apoyo.