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EDITORIAL

Separación fácil y barata

El objetivo público debe ser el de simplificar y reducir los costes del procedimiento

No ha mucho que la institución de la familia estaba tipificada como célula básica de la sociedad. Y no por las facciones ultraconservadoras de las religiones dominantes, sino por los mercados organizados y las industrias de postín. La familia era el destino final de bienes de larga duración y servicios complementarios, sumamente rentables al calor del crédito y las ventas a plazos. Piensen en automóviles, electrodomésticos, viviendas y vacaciones. Hasta finales de siglo, casi todo estaba orientado por la finalidad familiar y sobre el soporte de núcleos de consumo básicos. Pero el agudo foco de los negocios fue descubriendo, poco a poco, que la disgregación familiar también constituía una oportunidad de ganancia. Y lo descubrió porque la familia, como institución, también resulto afectada por una suerte de obsolescencia programada, igual que los móviles o los frigoríficos. Donde hay conflicto —y en los titulares se podría ventear el cambio de humor de la sociedad simplemente leyendo los titulares sobre el aumento imparable de los divorcios— hay oportunidad de innovación en manufacturas y en servicios.

Que las separaciones y divorcios tienen un coste para la economía familiar es una evidencia que no lleva muy lejos. Cualquier alteración de una unidad económica tiene que pagarse, como es lógico. Partiendo del principio de que la disolución del matrimonio por voluntad de uno o de los dos cónyuges es un servicio público más de orden jurídico, la cuestión es como abaratar ese coste. En el supuesto de que divorciarse cueste, según los casos entre 2.000 y 6.000 euros sólo en gastos de procedimiento —abogados, tribunales, etcétera— hay que convenir que el precio no está al alcance de todos los bolsillos. Como siempre, hay una segmentación del impacto en función de la capacidad de renta: para los ingresos más bajos un coste de 300 euros es mucho más perturbador que uno de 16.000 euros para las rentas más altas.

Como el coste mayor está en el procedimiento y, dentro de éste, en aquellos casos en los que no hay acuerdo previo de separación, lo que se sigue en consecuencia es que parece necesario inducir leyes y normas que bajen todavía más los costes procesales. Es bien cierto que existe un factor humano y que no puede resolverse un trámite de separación con impresos extraídos de páginas de Internet. Pero también es cierto que las complicaciones que encarecen los procedimientos se deben en gran parte a diferencias de criterio o a aproximaciones distintas del mismo problema desde los tribunales. No estará de más estandarizar todo lo que sea posible el modelo de separación para reducir al mínimo el circuito jurídico.

Hay otro aspecto que está poco cuantificado y que, sin embargo, resulta relevante. Se trata de calcular hasta que punto la proliferación de separaciones y divorcios supone un coste para el conjunto de la economía. Por supuesto, es evidente que la disolución de un matrimonio es una carga añadida para los cónyuges. En primer lugar, porque la renta disponible, en el caso de que trabajen los dos, cae a la mitad; y lo mismo suele suceder con el patrimonio. Después, porque los gastos ya no se reparten de igual manera. Y en último extremo, porque la separación acarrea cambios en los hábitos de conducta que en algunos casos pueden ser onerosos.

El mercado de las separaciones atravesará probablemente por una evolución similar a la que han seguido otros mercados. Las tecnologías pueden abaratar hasta cierto punto el proceso, pero hay una barrera, la de los costes procesales, que sólo se puede cambiar o desplazar por ley. En cualquier caso, el objetivo público debe ser el de simplificar y abaratar el procedimiento.