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El Pacto de Toledo encalla por la división sobre la revalorización de las pensiones en épocas de crisis

El Partido Popular pide tiempo hasta que se resuelva quien dirigirá la formación

En el centro, la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo. En vídeo, declaraciones del secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

¿Cuánto y cómo deben subir las pensiones en tiempos de crisis? ¿En las recesiones deben subir las mínimas con el IPC y las altas menos? La respuesta a estas dos preguntas divide al Pacto de Toledo. La semana pasada quedó claro que los precios deben ser el elemento "medular" en las revalorizaciones para que los pensionistas mantengan su poder adquistivo. Pero para esta semana quedó resolver la duda de qué pasaba si la economía entraba en problemas. Finalmente en la reunión de este martes no ha habido respuesta. Nadie se ha movido de dónde ya estaban. PP, Ciudadanos, PNV y PDECat sostienen que en estos momentos el IPC debe compartir protagonismo con la evolución del PIB y los salarios y que las prestaciones más altas "hagan sacrificios". PSOE y Unidos Podemos no aceptan la distinción.

Casi tres meses lleva el Pacto de Toledo debatiendo cómo deben revalorizarse las pensiones y asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de sus beneficiarios. Y si nada cambia, llegará a los cuatro meses. En la reunión de este martes se suponía que se iba a cerrar de una vez el texto de la recomendación del Pacto de Toledo que trata sobre la actualización anual.

A la cita entraron con un borrador, el cuarto, redactado por el letrado de la comisión que recogía los avances de la semana anterior. Hablaba de “un nuevo mecanismo anual de revalorización [...] que tenga en cuenta de manera medular en su configuración la evolución del IPC”. A continuación, “dentro del marco del necesario diálogo social”, abre la puerta a “incorporar otras variables, tales como la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y/o de los salarios”.

Esta última frase puede dar pie a que en la negociación posterior con sindicatos y empresarios y en la reforma legislativa se introduzca esa “flexibilidad” para tiempos de crisis que reclaman en el PP, Ciudadanos, PNV o PDeCAT. A PSOE y Unidos Podemos no les gusta esa puerta abierta. Además, en esa redacción no hay referencia alguna a la distinción entre pensiones bajas y altas. En este punto, las tornas se invierten. Por eso, antes de entrar a la reunión, el portavoz del grupo valenciano Compromís, Ignasi Candela, hablaba de una situación de “bloqueo”.

Nada se avanzó durante el encuentro, como admitían todos los portavoces a la salida de una reunión que fue corta, apenas algo más de una hora. Las negociaciones encallaban. Y la amenaza de la presidenta de la comisión, Celia Villalobos, que la semana pasada había advertido de que estaba dispuesta a forzar una votación si no se avanzaba, quedó en nada.

En esa falta de avances, también se ha cruzado la situación interna del Partido Popular. No lo parecía la semana pasada, pero finalmente la falta de liderazgo y dirección se ha impuesto en el grupo más numeroso del Congreso, que pidió tiempo, como admitía su portavoz, Gerardo Camps. “En mi partido también tendremos que elegir al que debe mandar y a partir de ahí pueden también producirse cambios de posiciones o en las propias portavocías”, advirtió.

Los demás se mostraron comprensivos con este argumento. Alguno incluso recordó que lo mismo sucedió con el PSOE hace algo más de un año. Teniendo en cuenta que el congreso del PP se celebrará los próximos 20 y 21 de julio, lo más probable es que no haya una solución sobre la recomendación segunda, la de la actualización anual, antes de las vacaciones de agosto.

Y por si todo esto fuera poco, todavía falta por conocer con detalle los planes del nuevo Gobierno. Aunque se saben sus posturas en la oposición, varios grupos reclamaron que la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, comparezca ante el Pacto de Toledo, algo que hará en la primera semana de julio. Camps, del PP, también pidió que acuda el nuevo secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.

De ellos, esperan oír no solo su posición respecto de la revalorización anual, que no será muy diferente de la sostenida por la portavoz, Mercè Perea. También quieren concreción sobre cómo pretende el Ejecutivo de Pedro Sánchez aumentar los ingresos de la Seguridad Social.

El lunes por la noche, Sánchez había apuntado a crear “nuevas figuras impositivas”, compensar las rebajas en la cotización o eliminar los límites en las bases de cotización. Estas fueron algunos de los debates que el diputado de PDeCAT, Carles Campuzano, reclamó abrir ya. También Camps apuntó en esa línea. Preguntada sobre esto, la portavoz socialista recurrió a las propuestas que el PSOE había lanzado el pasado enero. En ellas se apuntaba a una tasa sobre las transacciones financieras y un nuevo tributo sobre los beneficios de la banca.