¿Sobornó China a Donald Trump?

Ha traicionado el presidente de Estados Unidos la seguridad de la nación a cambio de una mordida del Gobierno chino? No digan que es una insinuación ridícula: dado todo lo que sabemos de Donald Trump, está dentro de los límites de lo posible, e incluso de lo verosímil.

Tampoco digan que no hay pruebas: no hablamos de un proceso judicial, en el que a los acusados se les supone inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad. En lo que al comportamiento de las máximas autoridades se refiere, el criterio es prácticamente el contrario: se supone que deben evitar situaciones en las que haya el más mínimo indicio de que sus actos pudieran estar motivados por el lucro personal.

Y no digan que, de una manera u otra, da igual porque los republicanos que controlan el Congreso no van a hacer nada al respecto. Esa es en sí una parte fundamental de la historia: un partido político al completo —un partido que históricamente se ha envuelto en la bandera y ha cuestionado el patriotismo de sus rivales— se ha vuelto totalmente complaciente ante la eventualidad de corrupción vulgar, incluso si esta implica pagos de potencias extranjeras hostiles.

La historia hasta ahora: en los últimos años, ZTE, una empresa electrónica china que, entre otras cosas, fabricas teléfonos inteligentes baratos, ha tenido una y otra vez problemas con el Gobierno de Estados Unidos. Muchos de sus productos contienen tecnología estadounidense, tecnología que, por ley, no debe exportarse a países embargados, como Corea del Norte e Irán. Pero ZTE eludía la prohibición.

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Inicialmente se multó a la empresa con 1.200 millones de dólares. Más tarde, cuando quedó claro que esta había recompensado a los ejecutivos implicados, en lugar de sancionarlos, el Departamento de Comercio prohibió a las empresas tecnológicas estadounidenses vender componentes a ZTE durante siete años.

Y hace dos semanas, el Pentágono prohibió las ventas de teléfonos ZTE en las bases militares, a raíz de las advertencias de los organismos de inteligencia de que el Gobierno chino podría estar empleando los productos de la empresa para actividades de espionaje. Todo lo cual hace de hecho muy extraño que, de repente, Trump declare que está colaborando con el presidente chino Xi para ayudar a salvar ZTE —“Demasiados empleos perdidos en China”— y que iba a ordenar al Departamento de Comercio que lo solucionase.

Es posible que Trump solo estuviese intentando ofrecer una rama de olivo en medio de lo que parece una posible guerra comercial. ¿Pero por qué escogió un ejemplo tan flagrante de comportamiento indebido por parte de China? Esa fue la razón por la cual muchas miradas se centraron en Indonesia, donde una empresa estatal china acababa de anunciar una importante inversión en un proyecto en el que la Organización Trump tiene una participación sustancial.

Esa inversión, por cierto, forma parte del Proyecto Cinturón y Ruta de la Seda, una iniciativa de infraestructuras multinacional que China está utilizando para reforzar su peso económico —y su influencia geopolítica— en toda Eurasia. Mientras tanto, ¿qué ha sido del plan de infraestructuras de Trump?

Volviendo a ZTE: ¿ha habido un quid pro quo? Puede que nunca lo sepamos. Pero esta no era la primera vez que el Gobierno de Trump hacía una peculiar jugada en política exterior que parece asociada con los intereses empresariales de la familia Trump. El año pasado, el Gobierno respaldó extrañamente el bloqueo saudí a Qatar, un país de Oriente Próximo que casualmente alberga una importante base militar estadounidense. ¿Por qué? Bien, la medida se tomó poco después de que los cataríes se negasen a invertir 500 millones de dólares en 666 Fifth Avenue, un inmueble lleno de problemas propiedad de la familia de Jared Kushner, el yerno del presidente.

Y ahora parece que, después de todo, Qatar podría estar a punto de alcanzar un acuerdo respecto a 666 Fifth Avenue. Me pregunto por qué.

Alejémonos de los detalles y contemplemos el panorama general. Los altos cargos del Gobierno tienen poder para compensar o sancionar tanto a empresas como a otros Gobiernos, de modo que la influencia indebida es siempre un problema, aunque adopte la forma de aportaciones a campañas electorales o compensaciones económicas indirectas a través de la puerta giratoria.

Pero el problema se vuelve muchísimo peor si las partes interesadas pueden limitarse a canalizar dinero a esos altos cargos a través de sus posesiones empresariales. Y Trump y su familia, al no haberse deshecho de sus intereses empresariales internacionales, básicamente han colgado un cartel declarándose abiertos a las mordidas (y estableciendo los parámetros para el resto de la Administración). Y el problema de la influencia indebida es especialmente grave cuando se trata de Gobiernos extranjeros autoritarios. Las democracias tienen normas éticas propias: Justin Trudeau se vería en grandes apuros si a Canadá la pillasen metiendo dinero en la Organización Trump. A las empresas se las puede avergonzar o demandar. Pero si Xi Jinping o Vladimir Putin sobornan a políticos estadounidenses, ¿quién los va a parar?

La primera respuesta se supone que sería la supervisión del Congreso, que antes significaba algo. Si hubiera habido el más mínimo tufo de mordidas extranjeras a, pongamos por caso, Gerald Ford o Jimmy Carter, los dos partidos habrían exigido una investigación, y probablemente se les habría sometido a una moción de censura.

Pero los republicanos de hoy han dejado claro que no van a exigirle a Trump ninguna responsabilidad, ni siquiera aunque raye en la traición.

Todo lo cual quiere decir que la corrupción de Trump no es más que un síntoma de un problema mayor: un Partido Republicano que hará cualquier cosa, incluso traicionar a la nación, con tal de obtener ventaja.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía. © The New York Times Company, 2018 Traducción de News Clip