Endesa tiende la mano al Gobierno para pactar la regulación eléctrica

El presidente de Endesa, Borja Prado, ha tendido hoy la mano al Gobierno y al ministro de Energía, Álvaro Nadal, para el diálogo y el entendimiento y alcanzar acuerdos en la regulación sectorial. Asimismo, ha pedido a "los líderes políticos sabiduría, determinación y habilidad para lograr consensos" en la crisis catalana. A su juicio, "la situación que hemos alcanzado supone una amenaza y una brecha en la convivencia tan extraordinarias" que exige esa actitud. Además, ha reclamado "firmeza" para mantener el rumbo que ha tenido la economía en los últimos años, "sin aflojar las exigencias de rigor en el gasto y el déficit público".

"Comprendemos los retos y dificultades que plantean los objetivos energéticos y económicos y la regulación del sector", ha afirmado Prado en la junta general de accionistas de la empresa celevbrada hoy en la sede de la empresa, en Madrid. Prado, quizá con el ataque que en mayo de 2017 lanzó el ministro Nadal contra su accionista Enel en el Senado presente ("no le importa, para hacer política de empleo en Italia, generar desempleo en España; no le importa, para hacer política medioambiental en Italia, hacer política de pérdida de competitividad en España", señaló el ministro ante el posible cierre de Compostilla y Andorra), también ha enfatizado que es el momento de planificar el futuro y que es "imprescindible contar con una hoja de ruta que señale el destino y la cuantía de las inversiones necesarias en los próximos años.

En ese sentido, a su juicio se impone "cumplir con los hitos comprendidos para la sostenibilidad de las fuentes de energía y de nuestro planeta". Una tarea que, a su entender, compete al Parlamento y al Gobierno y que "debe tomarse tras un proceso constructivo de negociación y consenso". Prado ha incidido en la necesidad de estar preparados para la revolución que plantea el cambio climático y, por tal motivo, de "liderar la transformación y contribuir al desarrollo del nuevo modelo energético".

La eléctrica pide la ampliación de la vida útil de las nucleares de 40 a 50 o 60 años

En ese contexto, Endesa ha superado los 1.700 megavatios (MW) de energía renovable. Sin embargo, su apuesta es firme por ampliar la vida útil de las centrales nucleares, "que suponen un pilar fundamental para garantizar la seguridad de suministro a medio plazo". También ha defendido la generación térmica como "elemento indispensable para la transición de fuentes emisoras de CO2 a fuentes limpias". En un encuentro con periodistas tras la junta, manifestó que la empresa "no cerrará ninguna central que pueda afectar precio de la electricidad y a la seguridad de suministro" y que no hará nada que no sea previamente negociado con el Gobierno.

El consejero delegado, José Bogas, cuyo mandato fue renovado por la junta, completó las exigencias de la empresa en política energética y en cuanto a las nucleares concretó que se debería ampliar su explotación a 50 o 60 años (sobre los 40 años reglamentarios). Esta posición de Endesa contrasta con la de Iberdrola, su competidor más encarnizado, que rechaza ese alargamiento por no ser rentable, y coincide básicamente con la del ministro Nadal. Endesa participa en Ascó I (100%), Ascó II (85%), Vandellós II (72%), Almaraz I (36%) y Almaraz II (36%), cuya vida útil se irá cumpliendo entre 2021 y 2025. 

Además, Bogas ha subrayado la coincidencia en algunos ejes con la Comisión de expertos sobre transición energética, como la electrificación de la demanda, la sustitución paulatina de generación térmica por renovable, la promoción de vehículos eléctricos o la importancia de compartir entre todos los sectores los costes de la política energética y que ahora recaen sobre las eléctricas a pesar de representar sólo el 19% de las emisiones totales de CO2. También ha pedido replantear la carga fiscal sobre la generación eléctrica y la reforma de las tarifas, lo que permitiría una reducción considerable del precio.

Protesta de los empleados

Mientras se desarrolló la junta de accionistas, frente a la sede más de un millar de empleados (4.000 según los sindicatos) se manifestaba contra la política desarrollada por el grupo italiano Enel, principal accionista de la compañía eléctrica al que acusan de externalizar contratas mientras aplican reducciones de plantilla. Precisamente, de las ocho intervenciones que hubo en la junta, la mitad se refierieron a esa situación. "Entiendo sus preocupaciones y respeto el derecho a movilizarse", respondió Prado. " Se está negociando el convenio colectivo y se marca en el proceso habitual, buscamos una empresa flexible y moderna que permita competir en un mundo más digital; estoy convencido de que se encontrará una solución satisfactoria", añadió.

El pasado año la eléctrica alcanzó un ebitda de 2.438 millones de euros, lo que permitió un pago de 1.411 millones y unas inversiones brutas de 1.175 millones. Para 2018, propone un dividendo de 1.463 millones, de los que el 70% son para Enel.