El Gobierno prepara un hachazo fiscal para el 5G antes de que arranque

Hacienda quiere sacar tajada a la quinta generación de telefonía móvil antes incluso de que eche a andar. Y lo quiere hacer por dos vías: subastando al mejor postor las frecuencias y cobrando luego a precio de oro el alquiler anual de las mismas a través de las tasas. Para comenzar a operar el 5G, las compañías van a disponer de 400 megahercios (MHz) inicialmente. El Gobierno subastará los 200 MHz que quedan libres (entre los 3,6 y 3,8 GHz de esa banda), ya que otros 200 MHz (entre 3,4 y 3,6 GHz) ya se adjudicaron, y están en manos de Telefónica. Orange, Eurona, Iberfibra y el Ministerio de Defensa, con 40 MHz cada uno.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha diseñado una licitación de forma que los operadores —Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil— tengan que aumentar las pujas para asegurarse que no se quedan sin frecuencias. El Gobierno quiere repetir el ejemplo británico que acaba de conseguir casi 1.000 millones de euros en la reciente subasta, de los que 600 millones los ha pagado Telefónica por su filial O2.

De confirmarse la propuesta recientemente sometida a consulta pública, el concurso español fijará el límite en 120 MHz por compañía. Debido a las características técnicas del 5G, el mínimo de espectro en esta banda para tener una red de muy buena calidad es 80 MHz, mientras que con 100 MHz se pasaría a tener una de la máxima prestación técnica permitida por la tecnología a día de hoy.

Si Telefónica y Orange, que ya disponen de 40 MHZ cada uno, deciden pujar por los otros 80 MHZ a los que tienen derecho, forzarían a otras compañías sin espectro como Vodafone o MásMóvil a elevar considerablemente la puja para no quedarse fuera. Este hecho ya sido denunciado por la CNMC en el informe preceptivo que ha enviado al Gobierno, y en el que para garantizar la competencia, el regulador se inclina por fijar un límite de 100 MHz por operador.

El segundo pellizco

Pero el Ejecutivo no se conforma con la subasta, sino que quiere asegurarse un buen pellizco anual de los operadores que obtengan las frecuencias de la banda de 3,7 GHZ. Por eso, ha incluido en el proyecto de Presupuestos un aumento desde los casi 17.000 euros que se paga actualmente al año por cada megahercio (MHz) hasta los 217.000 euros. De este modo, la recaudación anual solo por esas frecuencias ascendería a más de 78 millones de euros, según informaron a EL PAÍS fuentes del sector.

La tasa por la reserva del espectro radioeléctrico se fija de acuerdo a varios baremos. El más relevante son las expectativas de rentabilidad por el uso de esas frecuencias. Actualmente parte de la banda de 3,5 GHz está siendo utilizada para prestar servicios de telecomunicaciones con baja utilización y hasta finales de año no empezarán las pruebas del 5G sobre esa banda, no previéndose lanzamiento comercial hasta 2020.

El Ministerio de Energía quiere asegurarse esa importante recaudación mucho antes de que arranque el 5G, y las operadoras puedan empezar a rentabilizarlo. El Ministerio publicó en diciembre pasado el Plan Nacional 5G, que prevé el inicio de las licitaciones de licencias en la primera mitad de 2018, con el objetivo que empiece a haber despliegue comercial en 2020.

No obstante, el grueso de los servicios se desplegarán en la banda de los 700 MHz, ahora ocupada por la televisión digital terrestre, y cuya tasa anual aún no está determinada. Las operadoras temen que cuando se licite esta banda el Gobierno reproduzca otro rejonazo fiscal y recaudatorio.

Actualmente, los servicios de la telefonía móvil (3G y 4G) están soportados en las bandas de frecuencias 800, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz y 2600 MHz por las que anualmente los operadores pagan unos de 350 millones.

Las operadoras ya han avisado que cuanto mayor sea la voracidad recaudatoria más dificultades tendrán para abordar las costosas inversiones que precisa la nueva red de 5G.