El Gobierno podrá privatizar las autopistas quebradas antes de pagar el rescate
Fomento debe resolver aún los contratos con las concesionarias y fijar en seis meses el importe de las compensaciones
El Ministerio de Fomento podrá volver a licitar las nueve autopistas de peaje quebradas sin necesidad de tener que haber pagado antes a las concesionarias la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), la compensación que el Estado debe abonar a cada una de las concesionarias por las inversiones que realizaron en construir esas autopistas, informaron en fuentes oficiales.
Y es que, pese a que el Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública Seittsa, ya está asumiendo la gestión y explotación de las autopistas de peaje –hasta el momento las radiales R-2 y R-4-, aún no se ha producido la resolución de los contratos, un trámite administrativo al que obliga la Ley de Contratos del Sector Público y en el que se fija la citada compensación.
Se trata de dos procesos distintos, uno judicial y otro administrativo. El traspaso de la gestión de Seitssa es consecuencia de la liquidación de las sociedades concesionarias, que se encontraban en concurso de acreedores, una vez que se han ido produciendo las sentencias judiciales. El Estado ha dado ese paso de asumir la gestión y el personal de las concesionarias porque de otra manera las autopistas hubieran quedado cerradas al público y se hubiera interrumpido el servicio.
Pero aún queda otro trámite administrativo fundamental que debe ser abordado por el Ministerio de Fomento: la resolución de los contratos con cada una de las concesionarias, cuyo calendario no ha sido notificado por el departamento que dirige Íñigo de la Serna.
El Consejo de Ministros dio el primer paso el pasado 16 de febrero al tomar razón de la incoación del expediente de resolución de siete contratos de concesión de autopistas de peaje en quiebra. Se trata de expediente incluye a las radiales 2, 3, 4 y 5, la M-12, la AP-36 (tramo Ocaña-La Roda) y la AP-7 (Circunvalación de Alicante y tramo Cartagena-Vera).
Seis meses de plazo
Una vez que se resuelvan efectivamente estos contratos, resolución que debe ser aprobada por el Consejo de Ministros previo informe del Consejo de Estado, Fomento tendrá seis meses para determinar la responsabilidad patrimonial de la administración que el Estado debe abonar a cada una de las concesionarias por el valor de los activos menos la depreciación de los mismos.
La consecuencia práctica para la Administración es que, jugando con los plazos legales, podrá volver a licitar esas infraestructuras –por las que puede sacar entre 700 y 1.000 millones de euros- sin necesidad de tener que abonar previamente las compensaciones.
La RPA es la cifra de la discordia. La única estimación oficial del Gobierno son los “más de 2.000 millones de euros” que figuran en el Presupuesto General del Estado prorrogado del ejercicio 2018. No obstante, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha señalado en varias ocasiones de que se trataba solo de una estimación y que la cifra puede ser menor.
Las cifras del rescate que maneja la patronal Seopan, a 31 de diciembre de 2016, son sustancialmente superiores: la RPA ascendía a 4.032 millones de euros (inversión pendiente de amortizar), a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros y 1.000 millones por expropiaciones. Y, por último, en su informe de fiscalización de las Cuentas del Estado de 2015, el Tribunal de Cuentas estimó que, en ese momento, la RPA máxima a pagar era de 3.718 millones de euros
Buenas perspectivas para la reprivatización
Fomento tiene previsto relicitar y adjudicar antes de que acabe este año las ocho concesiones actuales en quiebra en dos contratos, separando, por un lado, las autopistas del entorno de Madrid en un contrato -las radiales R-2, R-3/R-5, R-4 , Eje Aeropuerto (M-12), Madrid-Toledo (AP-41) y Ocaña-La Roda (AP-36)- y las dos dela AP-7 en otro contrato (Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera). Al concurso se podrán presentar las empresas que han formado parte de las concesionarias en quiebra.
Estas autopistas suponen una quinta parte (570 kilómetros) de la red de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y actualmente soportan una deuda de 3.200 millones. La mejora de la situación económica ha incrementado notablemente el tráfico por estas vías.
A cierre de 2017, todas ellas presentaron incrementos de tráfico con respecto a 2016. En concreto, la Intensidad Media Diaria (IMD) total de estas carreteras registró un aumento del 8,6%. Entre los mayores incrementos destacó la AP-41, con un 16,6%, o la R-4, con un 11,5%. Según los últimos datos disponibles, en lo que va de año el tráfico en estas autopistas experimenta una subida del 10,2%; un 14,4% en el caso de la R-4.
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