Urgencia y viabilidad

¿Es urgente la reforma de la financiación autonómica? Para responder a esta pregunta consideremos un solo dato: entre 2009 y 2016 las comunidades autónomas perdieron peso en el gasto social en España (4,6 puntos según calculó la comisión de expertos creada al efecto). Eso significa que los gastos en sanidad, educación y servicios sociales se han recortado de forma muy intensa desde el inicio de la crisis. Y para revertir esos recortes es imprescindible mejorar la financiación autonómica. La reforma es necesaria y urgente porque si queremos proteger los servicios que prestan las comunidades autónomas (salarios públicos incluidos), se requiere más dinero. Es lo que llamamos suficiencia, condición sine qua non para un nuevo modelo de financiación. Hay otros objetivos importantes, aunque menos urgentes, como incrementar la autonomía en el ingreso, reducir la desigualdad existente entre ellas —que es pequeña si se compara con vascos y navarros— o reestructurar la deuda.

La cuestión es si es viable abordar ahora este problema. La debilidad del Gobierno es tal que parece dudoso lograr un acuerdo tan difícil con las quince comunidades y con los partidos de la oposición para aprobar una ley orgánica. Sin embargo, si se alcanzara un acuerdo unánime en el consejo de política fiscal y financiera, dado que allí se sientan ocho consejeros socialistas, el PSOE respaldaría la legislación correspondiente en el Congreso y podría tramitarse con celeridad.

Pero surge una dificultad mayúscula: si las autonomías necesitan recursos adicionales —al menos unos 16.000 millones de euros— el nuevo modelo de financiación vendrá acompañado de un incremento de los impuestos estatales y/o autonómicos. Y no parece que el Gobierno del PP esté dispuesto a ello, y aún menos su socio, Ciudadanos. Por si fuera poco, el ministro Cristóbal Montoro ha señalado que no es conveniente reformar el sistema mientras no haya un Gobierno en Cataluña dispuesto a pactar un incremento de los recursos para sus propios servicios. Acierta en esta apreciación: el actual marco constitucional y estatutario no permite un tratamiento singular para Cataluña, por lo que debe ser incluida en la mejora general que se produzca y atender, en ese ámbito, a sus demandas específicas.

Mientras se superan estas dificultades, y ojalá sea posible, ¿Puede hacerse algo útil? A mi juicio podrían plantearse modificaciones parciales de la normativa vigente en espera de tiempos más favorables. Por ejemplo, devolver a las comunidades el IVA restado en exceso con motivo de la subida de ese impuesto aplicada en julio de 2012; o abordar una actualización de la imposición sobre la riqueza, estableciendo un mínimo de tributación en toda España. Además, cabría elevar los impuestos especiales, modificando la ley para no restar la parte que corresponda a las autonomías. Finalmente, afrontar el tema de la deuda, aliviando la carga de intereses. Este punto ha concitado mucho debate público, pero el problema financiero más grave no es éste: solo están en juego poco más de 1.000 millones de euros en intereses.

Estas medidas representarían un cierto alivio para la sanidad, la educación y los servicios sociales y podrían encontrar apoyo en los partidos de la oposición si fueran previamente pactadas con los gobiernos autonómicos. Aunque es muy difícil una solución global por las razones expuestas, al menos cabe abrir vías que den satisfacción parcial a las comunidades de régimen común, para situarlas en mejores condiciones de prestar los servicios del Estado de Bienestar.

Alain Cuenca es profesor de Economía Pública en la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los expertos que participó en el proyecto de reforma para la financiación autonómica convocada por Hacienda.