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Las empresas de formación piden que el control no asfixie su actividad

Empleo responde que los cursos deben respetar criterios de “calidad y transparencia”

Las empresas de formación piden que el control no asfixie su actividad

Los casos de corrupción en torno a la formación para el empleo generaron una muy mala imagen del sector. Para atajarlo, la Administración extremó los controles, pero algunas esas medidas “están haciendo muy difícil la supervivencia” del sector. Las empresas no piden acabar con los controles ni volver a la situación anterior, sino que esa supervisión no asfixie su actividad.

Esta fue una de las peticiones que las tres patronales del sector (AEGEF, ANCED y CECAP) durante la presentación de un informe sobre la situación del sector elaborado por el anterior ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. En el acto, Jorge Azcárate, presidente de ANCED (patronal de firmas de formación a distancia), recurrió a su propio ejemplo para ilustrar esa asfixia: “Una de estas medidas es la desaparición de la modalidad [de formación] a distancia”.

Poco más adelante Azcárate señaló que “no es lógico que el Ministerio de Empleo prohíba la impartición de esta modalidad” y lo contrapuso con la situación en la Formación Profesional, en la que “Educación acepta ciclos formativos de Formación Profesional” a distancia.

Desde la plataforma fundada por estas tres patronales, no se reclamó como sí hace CEOE —de la que forman parte— que se haga tabla rasa respecto de la ley actual. No obstante, sí que se reclaman cambios en la ley y en los decretos que regulan en el sector. Su reclamación, como expuso el exministro Gómez, pasa también porque haya “estabilidad. Con estabilidad, las cosas funcionan mejor”.

En su intervención, Gómez calificó la ley actual de “una buena ley”, aunque su autoría es del equipo que le sucedió a él en el Ministerio, el de Fátima Báñez. El exministro también recordó que la ley contó con el respaldo del 90% del arco parlamentario de la legislatura anterior. No obstante, su informe sí que contiene reclamaciones que exigen cambios en la norma actual.

La respuesta a estas intervenciones llegó de la mano del director general de los Servicios Públicos de Empleo, Julio Martínez Meroño, quien defendió que el desarrollo de la norma —muy criticado en su momento por no contar con apoyo de los agentes sociales— no haya llegado hasta bien entrado 2017, pese a que la ley se aprobó en septiembre de 2015. Expuso que antes no había podido hacerse por la parálisis política.

Sobre el exceso de control y la asfixia que denunciaban las patronales, contestó que actualmente la formación no tiene un problema de disponibilidad presupuestaria. Pero que esos recursos deben gastarse en formación que responda a los criterios que exige el Tribunal de Cuentas: “calidad, concurrencia y transparencia”.