Jaime Botín acepta nueve meses de prisión por defraudar un millón de euros

El expresidente de Bankinter evadió impuestos mediante la deslocalización "artificiosa" de un avión privado en Portugal, donde no existen gravámenes para este tipo de actividades

Agencias
Jaime Botín en Santander en septiembre de 2014.
Jaime Botín en Santander en septiembre de 2014.ULY MARTIN

El expresidente de Bankinter Jaime Botín, hermano del fallecido Emilio Botín, ha aceptado este jueves una condena de nueve meses de prisión y 506.134 euros de multa por haber defraudado un millón de euros mediante la deslocalización "artificiosa" de un avión privado de su propiedad en Portugal, donde no existen impuestos para este tipo de actividades, a pesar de que realmente la aeronave tenía su base de movimientos en España, en su mayor medida en el aeropuerto de Torrejón.

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Fuentes jurídicas han informado de que la defensa de Botín ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la fiscalía y la Abogacía del Estado que será ratificado el próximo lunes en el juzgado. La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid se querelló el pasado julio contra el banquero y otras tres personas por defraudar 1.014.298 euros a la Hacienda Pública, pero Botín ha asumido toda la responsabilidad.

El empresario ha aceptado una pena de nueve meses de prisión y 506.134 euros de multa, además de un año y tres meses de pérdida de obtener subvenciones y ayudas públicas. También ha renunciado al derecho a gozar de incentivos fiscales o de seguridad social. Su acuerdo de conformidad incluye la condena en costas.

La fiscalía acusaba a Botín y a otras tres personas en su querella de crear "un entramado de empresas" con el fin de evitar hacer frente al impuesto especial sobre determinados medios de transporte vigente en España, cuota que resulta tras aplicar el tipo impositivo correspondiente a la aeronave, valorada en 9,1 millones de euros (10,7 millones de dólares).

En 2012, la sociedad World Tour, constituida a finales de los ochenta y de la que el exbanquero era propietario, firmó un contrato de compra de una aeronave por un precio de 10,7 millones de dólares que se destinó "con carácter principal a cubrir las necesidades de desplazamientos de Botín y su círculo familiar y social". La fiscalía recuerda que dado que el contrato establecía que la entrega del avión se realizó en el aeropuerto de Torrejón, su matriculación estaba sujeta a este gravamen especial, motivo por el que los querellados "decidieron deslocalizarlo a Portugal, donde no existe un impuesto similar ni de naturaleza ni en sus niveles de tributación".

Esta maniobra habría obligado a los cuatro a "ocultar que el pago de las cantidades debidas por la compra realmente se realizaría desde España a cargo de World Tour y, por otro, a asegurar que tuviera en España la plena disponibilidad". La sociedad española habría desviado los fondos necesarios a Portugal a través de la misma cuenta corriente que, a su vez, servía de garantía financiera al Banco Santander Totta, filial del Banco Santander en suelo luso, en el contrato de alquiler con opción a compra de la aeronave.

No obstante, la entidad que había asumido la posición compradora de la nave la cedió a la compañía Air Nimbus, controlada por otro de los querellados, mientras esta, a su vez, firmó un contrato de prestación de servicios aéreos con la española Gestair, administrada por el padre de otra de las personas contra las que va dirigido el escrito de la fiscalía.

El Ministerio Público apunta además que los querellados, que conocían la existencia de una inspección por parte de la Agencia Tributaria "al menos desde octubre de 2016", acordaron un mes más tarde celebrar una Junta General de Accionistas que ordenó liquidar World Tour y adjudicar la totalidad de su haber social a Botín. "La disolución de la sociedad y la deslocalización estuvieron preordenados a hacer inútil o dificultosa cualquier reclamación administrativa o judicial, de la cuota defraudada", añade el escrito de la fiscalía.

Al margen de este procedimiento, Botín tiene otra causa pendiente por supuestamente intentar vender fuera de España en 2015 la obra de Picasso Cabeza de mujer joven, por lo que la fiscalía y la Abogacía del Estado le reclaman cuatro años de prisión, 104,8 millones de multa y el decomiso de su goleta.

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