La millonaria estafa del ‘pirata’ de la luz

Las 13 empresas que había creado para la comercialización de electricidad –y de las que aún conservaba activas tres- eran solo una pequeña parte del entramado societario de 180 mercantiles que manejaba desde Barcelona. Sin embargo, eran de las más lucrativas. Estas compañías habían reportado en los cinco últimos años al empresario barcelonés Esteban Roig Padrosa decenas de millones de euros de beneficios de manera presuntamente ilícita. Casi tanto dinero como el agujero económico que las mismas habían causado a Red Eléctrica Española (REE), a las grandes compañías generadoras de energía, a las distribuidoras y a la propia Agencia Tributaria. La Operación Ámbar -adelantada el pasado martes por EL PAÍS- ha acabado con su detención y la de 17 de sus colaboradores en el primer gran golpe policial al fraude en la comercialización de energía eléctrica. Una estafa que este jueves responsables de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifraban en 94 millones de euros. El importante patrimonio intervenido a los principales implicados -18 coches de alta gama, un velero, 154 productos financieros y 9 inmuebles, algunos en las zonas más caras de Madrid y Barcelona- dan muestra de lo lucrativo del negocio.

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Roig Padrosa fue detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado martes como presunto autor de delitos de organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por su papel de supuesto cabecilla de esta trama de empresas instrumentales o “piratas”, como las calificó este jueves el teniente coronel Francisco Almansa, máximo responsable de la investigación. Con él fueron arrestados varios integrantes del amplio equipo jurídico que utilizaba para crear, activar y cerrar las diferentes piezas de su compleja madeja empresarial, así como otras personas de su entorno. También cuatro de los 24 testaferros identificados durante una investigación que se inició el año pasado, después de que la CNMC acudiese a la Fiscalía General del Estado a denunciar la proliferación en los últimos años, al amparo de la liberación del mercado de la energía, de comercializadoras de electricidad que desaparecían tras poco más de un año de vida dejando tras de si pufos millonarios.

No era la primera vez que el nombre de Roig Padrosa se veía envuelto en oscuras maniobras societarias. En los últimos años, varios empresarios lo habían denunciado públicamente por sus prácticas supuestamente irregulares en la compra de mercantiles en apuros. Aseguraban que dichas compañías eran vaciadas patrimonialmente por Roig Padrosa inmediatamente después de su adquisición y hechas desaparecer sin pagar las deudas, pese a que él se había comprometido a reflotarlas. Ahora, la Guardia Civil sitúa el epicentro de su supuesta trama para defraudar dinero con la comercialización de electricidad en la firma Fix-Control Rate, creada en 2013 y con sede en Barcelona. En ella, el empresario barcelonés no figuraba en los órganos de administración. Según fuentes cercanas a la investigación, alrededor de esta giraban las compañías que creaba y en cuyos puestos de responsabilidad tampoco aparecía nunca Roig Padrosa, aunque la investigación apunta a que era el propietario real de todos ellos.

En 2016, varias de ellas -Luci Mundi Energía, Nortedison Electric, Oltem Llum, Comercial Eólica Suministros de Energía, Zero Electrum y Electro Soporte Comercial y Gestión- fueron inhabilitadas por la CNMC precisamente por prácticas irregulares. A Roig Padrosa no pareció importarle, porque inmediatamente puso en marcha otras para perpetuar su fraude. El funcionamiento, según detallaron este jueves el teniente coronel Almansa y la subdirectora adjunta de Energía Eléctrica de la CNMC, Paloma Espeja, era siempre el mismo. Se hacían con una cartera de clientes –en su mayoría Pymes de tamaño grande y con importantes consumos de energía- a los que ofertaba electricidad a precios entre un 20 y un 30 % por debajo del mercado. A estos -llegaron a ser cerca de 4.000-, siempre les cobraban el suministro, pero la trama no pagaba -o lo hacía en una cantidad mínima- a distribuidores ni grandes generadores. Cuando estos denunciaban meses después los impagos y la Administración actuaba contra ellas, la trama las hacía desaparecer y repartía la cartera clientes entre las otras para seguir con el fraude y los pingües beneficios.

Algunas de estas compañías piratas actuaron durante más de un año. Otras, poco más de seis meses. La investigación ha revelado que la trama llegó a tener activas a la vez a finales de 2015 ocho de estas empresas instrumentales, cuyos beneficios eran dispares, aunque siempre millonarios. Así, la primera la creó en noviembre de 2011 y, tras nueve meses en funcionamiento, consiguió defraudar 1,6 millones de euros. Con la segunda, creada en septiembre de 2012 -sólo un mes después de cerrar la anterior- la estafa se elevó hasta los 8,5 millones de euros. Cuando la cerró en enero de 2014, ya tenía en marcha otras cinco compañías 'piratas' que, en uno de los casos, le permitió defraudar hasta 15,1 millones de euros. La mayor parte de estas dejaron de existir formalmente en junio de 2016. Para entonces, Roig Padrosa ya operaba con otras cinco. Cuando fue detenido el pasado martes, tres de ellas seguían activas.    

En los cinco años que la trama estuvo activa consiguió defraudar 61,1 millones de euros a las grandes compañías generadoras; 20 millones más a las distribuidoras por el impago de los peajes; y 14 millones a la Agencia Tributaria, a la que no ingresaba el IVA correspondiente. En total, 94 millones de euros. Según reveló ayer la Guardia Civil una parte importante de los beneficios que obtenía eran blanqueados por Roig Padrosa mediante otras empresas de su amplia trama y con las que tocaba todo tipo de sectores, desde la comercialización de fruta al negocio inmobiliario. Parte de ese dinero era canalizado al extranjero, en una investigación que aún no está concluida. Todo ello, recalcan las fuentes, permitía a Roig Padrosa mantener un alto nivel de vida con propiedades inmobiliarias en La Pedrera, de Barcelona, y un velero de 12 metros de eslora amarrado en el puerto. Este viernes pasa a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción 1, Santiago Pedraz.