‘Startups’ que tropiezan con la ley

El pasado agosto, la plataforma Factoo recibió un fuerte revés legal. El Ministerio de Empleo le arrebataba la condición de cooperativa de trabajo asociado, que le permitía ofrecer a sus clientes la posibilidad de facturar como autónomos sin necesidad de darse de alta como tales. La inspección concluyó que la entidad, que ha tenido en alta a más de 5.000 afiliados distintos, “no realizaba actividad cooperativizada alguna”, y que los simulados socios trabajadores son, en general, profesionales por cuenta propia dedicados a cualquier actividad. Tras la decisión administrativa, la startup continúa operando y se prepara para la batalla legal. Sin embargo, este obstáculo jurídico daña en gran medida el modelo de negocio de esta y de otras empresas similares que aprovecharon el mismo resquicio legal.

Hay muchos ejemplos de emprendedores que han visto frustrado su proyecto por no adecuarlo al marco normativo. Más allá de los conocidos casos de economía colaborativa, en los que empresas como AirBnB y Uber se juegan su viabilidad en decisiones administrativas y en los tribunales —la no renovación de la licencia de operación de ésta última empresa en Londres es un ejemplo— muchas otras iniciativas afrontan grandes retos legales.

Según explica Fernando Fernández-Miranda, abogado de PwC, “es importante que las empresas que pongan en marcha modelos de negocio disruptivos que modifiquen un determinado statu quo económico conozcan el marco normativo que regula su actividad y estén preparadas para que el mismo pueda ser modificado, impactando directamente en su negocio, más si cabe si se trata de sectores regulados”.

Alejandro Touriño, socio del despacho Ecija, apunta que muchas veces hay un proyecto atractivo de entrada, pero que no tiene viabilidad jurídica. De hecho, asegura que es muy habitual que los inversores se echen atrás por esta causa y antes de poner su dinero suelen pedir asesoramiento legal para saber si la startup en la que se plantean invertir cumple los requisitos legales necesarios.

Además, considera que hay toda una serie de modelos de negocio expuestos actualmente a una situación de riesgo en España. Pone el ejemplo del sector de las fintech (servicios financieros online) donde “en algunas ocasiones se obvia cualquier tipo de paraguas legal, con modelos de negocio basados en criptomonedas o el uso de blockchain, que podrían encauzarse dentro del marco legal pero que, sin embargo, no cuentan con una buena planificación y acaban deviniendo insostenibles jurídicamente”. También menciona los marketplaces o plataformas que ponen en contacto la oferta y la demanda de servicios. Cree que, en función del rol que asume la plataforma, si no se establece una base jurídica adecuada pueden convertirse en agencias de trabajo temporal encubiertas.

El abogado David Miranda, socio de Osborne Clarke, menciona el caso de Eslife, una plataforma de servicios de limpieza a domicilio que ponía en contacto la oferta dispersa de empleados de hogar con particulares. La startup, que llegó a recaudar un millón de euros, tuvo que cerrar tras una inspección de Trabajo al considerarse que los trabajadores eran falsos autónomos. Algo parecido le ha pasado a Uber en Estados Unidos con algunos de sus conductores.

Mal uso de los datos

Por otra parte, Miranda recuerda el caso de Lolabits, que ofrecía un servicio de almacenamiento de archivos en la nube y tuvo que cerrar por usar cookies (herramientas que recopilan información) sin el consentimiento informado de los usuarios. La Agencia Española de Protección de Datos le impuso la primera multa por piratería a una web. Y hay otros más graves, como el de Zed Worldwide, de los hermanos Pérez Dolset, creadores del videojuego Commandos, que ha pasado de ser una de las startups de mayor éxito a encontrarse en proceso de liquidación por un gran fraude relacionado con la concesión supuestamente irregular de créditos blandos a la compañía por parte del Gobierno.

También la llegada de nueva regulación puede ser mortal para la viabilidad de las startups. Así pasó, por ejemplo, con el crowdfunding. Según explica Joaquín Muñoz, abogado de Ontier, la ley de 2015 que establecía un marco normativo en este terreno hizo que muchos modelos de negocio se quedaran por el camino al tener que adecuarse a la misma. La regulación ha servido en este caso, según apunta, para hacer una selección natural de proyectos, sobreviviendo sólo aquellos que tienen suficiente músculo económico y profesional para llevar a cabo la actividad de manera profesionalizada.

Otro ejemplo es el juego online. Muñoz explica que cuando entró en vigor la Ley del Juego, muchas de las empresas que habían estado operando tuvieron que cerrar, ya que no podían hacer frente a las condiciones tanto técnicas como de viabilidad económica impuestas por la normativa. Afectó principalmente a emprendedores que proponían modelos de negocio basados en juegos sociales entre usuarios (porras, ligas fantásticas, apuestas directas, etc.) y cuyo margen de beneficio por apuesta era muy bajo. Sin embargo, la ley propició que otras empresas con experiencia en juego presencial, incluso grandes grupos editoriales, invirtieran en este sector.

Teniendo en cuenta que muchas startups se basan en el desarrollo de tecnología, una cuestión clave es proteger el software. Fernández-Miranda explica que es habitual encontrarse con situaciones en las que uno de los socios de la empresa es realmente el único desarrollador del software sobre el que pivota todo el negocio de la empresa. Considera que resulta esencial regular contractualmente la aportación de los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo a la empresa, para que potenciales conflictos entre los socios o salidas no afecten a la propiedad de esos derechos por parte de la compañía.