Abengoa, otra vez en urgencias

La sentencia del juez sevillano Pedro Márquez que obliga a Abengoa a pagar la deuda que le reclaman un grupo de acreedores-bonistas —que habían impugnado el plan de salvamento de la compañía— ha devuelto a la firma a la sala de urgencias, un sitio del que quizá nunca ha llegado a salir del todo. De repente, justo cuando estaba intentando dar la imagen de una mejoría con algunos contratos, se encuentra con que tiene que abonar 100 millones de euros (de los que la empresa reconoce 72) de forma inmediata. Y estos podrían aumentar a 216 millones si se ejecutan varios avales comprometidos con firmas multinacionales.

Mientras el grupo se acerca al precipicio, su auditor, Deloitte, que no quiere más líos, ha advertido de la incertidumbre que se abre sobre su continuidad. La empresa no tiene caja y, según resalta la firma auditora, su patrimonio es negativo al cierre del primer semestre.

Todo un torpedo en la línea de flotación de una nave que vuelve a ir a la deriva y que, si alguien no lo evita, se verá abocada a recalar en el concurso de acreedores, esa figura tan espeluznante para las empresas y que Abengoa ha estado tratando de evitar desde que presentó el preconcurso allá por noviembre de 2015. Y ha sido por una impugnación contra el plan de reestructuración financiero y societario —que firmó con el 94% de sus acreedores— de un grupo de bonistas que no estaban conformes con el acuerdo, que había sido dirigido por los bancos implicados. Este suponía una quita del 97% y un aplazamiento de siete años en el pago.

Los responsables de la compañía que preside Gonzalo Urquijo, además de pedir al juzgado una aclaración, han tratado de negociar con los bonistas que impugnaron el acuerdo un aplazamiento del pago; pero sin ningún éxito. A estos les asiste el derecho de restitución de sus inversiones y no parece que estén dispuestos a ceder. En ese grupo hay pequeños inversores representados por el despacho profesional Zamora De Claver —bonistas cuya deuda va de 300.000 a tres millones de euros— y otros de más poderío, como la aseguradora Zurich o la firma Portland General Electric, a las que defiende el bufete Garrigues.

En consecuencia, la sociedad está prácticamente colapsada y solo varios milagros podrían salvarla. Pero acostumbrada a vivir con el agua al cuello durante los últimos años, no pierde la esperanza. Esta pasaría por desinvertir activos que ya tiene puestos en venta, pero de los que no consigue desprenderse. Entre ellos está la denominada joya de la corona del grupo, Atlántica (antes Abengoa Yield), sobre la que la empresa ha dicho que está pendiente de "la concesión de algunas autorizaciones". Esta filial cotiza en la Bolsa de Nueva York y en la que tiene en torno al 41,50%. El precio de este paquete se había cifrado en 1.000 millones de euros, aunque ahora, quizá porque a río revuelto se ha devaluado, se sitúa entre 700 y 800. Una cantidad que iría destinada al pago de la deuda asociada al proceso de reestructuración; pero que, de ser así, le permitiría salvar el revés judicial y el pago inmediato a los bonistas. Aunque a estas alturas y tras tantos devaneos cuesta creérselo.

Tampoco ha podido colocar en el mercado la planta de cogeneración que está terminando en México (prevista para 2018) y cuyo precio se había evaluado en unos 500 millones, ni la de bioetanol (por 140 millones). La misma suerte han seguido las líneas de electricidad de Brasil y los activos que posee en Ghana y Argelia. Algunos competidores que las han examinado han destacado la dificultad que entraña cerrar las operaciones y que luego se pueden encontrar con reclamaciones de los acreedores.

Esa es una de las claves de que no haya podido prosperar en ese frente. El otro milagro es que los mismos bancos que negociaron el plan (Santander, Bankia, Popular, Caixabank, HSBC y Crédit Agricole) hagan un nuevo esfuerzo ("de perdidos al río") en el que les acompañen los fondos de inversión que entraron el capital de la empresa tras esa reestructuración (Abrams Capital, The Baupost Group,Canyon Partnets, The D. E. Shaw Group, Elliot Management, Oaktree y Värde). Sin embargo, puede darse el proceso contrario: que muchos acreedores también quieran reclamar ahora, tras la sentencia del juez, y exijan su deuda.