Eulen rechaza la propuesta de la Generalitat para evitar nuevos paros en El Prat

Ante la amenaza de nuevos paros a partir del 8 de septiembre en los controles de seguridad del Aeropuerto de El Prat, el departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña ha presentado este martes una propuesta de mediación para desconvocar esa huelga parcial. La reunión de mediación, que ha durado todo el día, ha terminado sin acuerdo por la negativa de Eulen, empresa responsable de los filtros de seguridad, a readmitir a dos trabajadores que fueron despedidos a raíz de las huelgas de finales de julio y agosto y a retirar las sanciones impuestas a otros dos empleados.

En su propuesta, la Generalitat pedía a los trabajadores que acaten el laudo, que se conocerá el jueves, y que terminará con el conflicto laboral entre guardias de seguridad y empresa que ha afectado a miles de pasajeros desde que empezó el conflicto, el pasado 24 de julio. También reclamaba que se desconvoquen los nuevos paros, motivados por dos despidos y dos expedientes durante la huelga. A cambio de renunciar a los paros, Trabajo pedía a la empresa Eulen, responsable de los filtros de seguridad, que retire las sanciones, algo que no están dispuestos a hacer de momento. "No tiene ningún sentido tomar ninguna decisión antes de conocer el laudo", explican fuentes de Eulen. 

La propuesta de la Generalitat fue en un principio bien recibida por el comité de huelga, que tiene prevista una asamblea de trabajadores el próximo lunes para decidir si mantiene los paros convocados a partir del 8 de septiembre. De momento, a partir de ese día se prevén dos horas de paro todos los viernes, ampliables si la empresa no retira las sanciones.

El conflicto entre los trabajadores de los controles de seguridad en El Prat y la empresa Eulen empezó a finales de julio, cuando el comité de huelga convocó paros parciales y empezó una huelga de celo que afectó a miles de pasajeros, que tuvieron que hacer colas de hasta dos horas de espera. A mediados del mes de agosto, y ante la incapacidad de llegar a un acuerdo a pesar de los esfuerzos de la Generalitat, los trabajadores convocaron una nueva huelga de 24 horas todos los días e indefinida.

Esto provocó la reacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que movilizó a la Guardia Civil para que supervisara las tareas de los empleados de Eulen y para que garantizara el cumplimiento de los servicios mínimos. Además, el Gobierno puso en marcha los trámites para pedir un laudo de arbitraje obligatorio, que terminará con la huelga y obligará a los trabajadores a acatar unas condiciones laborales concretas. El árbitro designado por el Gobierno es Marcos Peña, quien ya ha citado a las partes el próximo jueves para darles a conocer el laudo. 

Desde la reacción del Gobierno, los trabajadores han denunciado que la presencia de la Guardia Civil es "una injerencia que vulnera el derecho a huelga", y aseguran que la presión del instituto armado ha causado varias bajas por estrés. También anunciaron que recurrirán el laudo porque consideran que es "ilegal", aunque de momento están a la espera de conocer los términos de la sentencia.

El comité de huelga, que suspendió los paros a raíz de los atentados en Barcelona y Cambrils, denunció asimismo que la empresa está llevando a cabo represalias contra los empleados que secundaron los paros, unos "castigos" que se han traducido en dos despidos y dos trabajadores expedientados. Fue a causa de estos hechos que el comité convocó una nueva huelga parcial a partir del 8 de septiembre.