China quiere medicamentos occidentales

China es ya el segundo país consumidor de medicinas del mundo, solamente tras Estados Unidos. Las perspectivas del sector farmacéutico a medio y largo plazo, y en general el de la salud, son prometedoras por tres factores. El primero es el aumento constante de la renta per cápita (el país contará con 480 millones de personas de clase media-alta en el año 2030, más que la suma de la población de Estados Unidos y Japón, de acuerdo con los cálculos del servicio de estudios de The Economist). En segundo lugar, está el incremento de la esperanza de vida. Y por último, el progresivo envejecimiento de la población (el porcentaje de mayores de 60 años supondrá un cuarto de la población en 2030, frente al 15% actual).

Empresas como AstraZeneca, Roche, Pfizer o GlaxoSmithKline llevan años operando en China. Como en muchos otros sectores, han tenido que lidiar con fuertes barreras de entrada a sus productos y un marco regulatorio complicado por los largos y costosos procesos de aprobación que marca la Administración China de Alimentos y Medicinas. Aunque el fármaco ya hubiera sido aprobado en otros países, traerlo a China costaba, con suerte, una media de cuatro años: dos para superar los ensayos clínicos y dos más para obtener el registro. "Este largo periodo provocaba un freno a la introducción de sus nuevos productos", explica Isabella Liu, socia del despacho de abogados Baker & McKenzie. Teniendo en cuenta que las patentes protegen el producto durante 20 años, las empresas veían cómo en la práctica este periodo de exclusividad era sensiblemente menor. Pekín ha decidido ahora acelerar la evaluación de los fármacos hasta el punto de que este tiempo podría reducirse más de la mitad. "Las reformas, de implementarse, cambiarán enormemente el panorama de las compañías farmacéuticas extranjeras, que podrán acceder mucho más rápido al mercado chino", asegura Liu.

La apertura responde a la cada vez mayor necesidad del Gobierno chino de combatir la creciente incidencia de enfermedades como la hepatitis, la diabetes o el cáncer entre la población. Este 2017, y por primera vez en ocho años, Pekín ha añadido decenas de medicamentos extranjeros en su seguro médico nacional, que reembolsa parte del coste del producto y abre la puerta a millones de personas a elegir productos que hasta ahora no podían permitirse.

Para las empresas, entrar en esta lista les supondrá disparar sus ventas. Pero a cambio han asumido una reducción de precios que alcanza de media el 44%. "Tras las negociaciones con las farmacéuticas, la mayoría de estos medicamentos importados serán más baratos en China que en otros mercados internacionales", presumen desde el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social.

Estas rebajas disminuirán el margen de beneficio de las farmacéuticas por cada unidad, por lo que deberán confiar en un volumen significativo de ventas que compense los descuentos. En este sentido, la distribución de fármacos será decisiva y, según Liu, "hacerlo de una forma rentable sigue siendo un reto".

Para el grupo de farmacéuticas miembros de Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, "aunque el recorte de precios puede afectar el desempeño de las ventas, las compañías comprenden el objetivo del Gobierno de mejorar la accesibilidad a los medicamentos innovadores y cooperarán con las autoridades para lograr tal fin". Menos diplomático, un cargo intermedio de una multinacional europea califica las negociaciones con Pekín de "durísimas" y considera que estas rebajas "son el precio que hay que pagar por estar presente en un mercado como el chino".

Hasta ahora, muchos de los medicamentos de empresas extranjeras que ya habían perdido la patente podían venderse en China a un precio muy superior al del genérico. Algunos ciudadanos, preocupados por escándalos domésticos sobre fármacos falsos, optaban por los importados. Y los hospitales, generalmente mal financiados, trataban de prescribir más cantidad de medicamentos (y los más caros) para sacar tajada y compensar parte de este déficit.

En 2014, las autoridades chinas multaron a GlaxoSmithKline con 379 millones de dólares y condenaron a varios altos cargos de la farmacéutica a penas de cárcel por haber sobornado a médicos, enfermeras y hospitales con el objetivo de que usaran los productos fabricados por la empresa. La compañía admitió los cargos y pidió perdón. Una de las reformas aprobadas por Pekín este año, precisamente, prohíbe a los hospitales financiarse a través de la venta de medicamentos. "Parece que todos vamos a empezar a jugar una liga algo más equilibrada y más similar a los estándares occidentales, para lo bueno y para lo malo", resume el directivo de la multinacional farmacéutica.