Las grandes empresas de seguridad defienden una solución única para todos los aeropuertos

La patronal que agrupa a las grandes empresas de seguridad (Aproser) cree que dar una solución individual al conflicto de El Prat es “tapar con una tirita una infección”. La opción que defiende su presidente, Ángel Córdoba, pasa por buscar una salida conjunta en las negociaciones del convenio colectivo en las que participa su organización. También UGT, que el día anterior convocó paros parciales en dos aeropuertos gallegos, reclamó ayer una solución conjunta y advirtió que “intensificará las movilizaciones si no se implican Aena y el Gobierno”.

Las patronales de seguridad (Aproser y FES) y los sindicatos están negociando este año el convenio sectorial. Y es en este marco en el que Aproser, presidida por Ángel Córdoba, propone negociar las condiciones laborales que resuelvan los conflictos que se están gestando en los aeródromos españoles. Aproser es la patronal de las grandes empresas de vigilancia, en la que están representadas cuatro de las cinco compañías con contratos en aeropuertos de Aena.

Aunque Córdoba, en conversación con este diario, pone dos condiciones: no negociar con las convocatorias de movilizaciones sobre la mesa y que la Administración —a través de los Ministerios de Fomento y de Interior— se implique.

Solucionar solo lo de El Prat es, para Córdoba, “una tirita”. Además, la solución que ha ofrecido la mediación de la Generalitat pasa por un suplemento de 200 euros al mes. Y eso para Aproser “no es extrapolable al sector, imposible. Venimos de una crisis tremenda”. Córdoba, que subraya que todas las empresas a las que representa cumplen las condiciones laborales del convenio sectorial, sí que admite que el sector se están precarizando. Pero matiza que no cree que el problema esté en los aeropuertos, sino en aquellas compañías que aprovechando la reforma laboral —que daba prioridad a los convenios empresariales por encima de los sectoriales— “rebajan los sueldos de 1.000 euros al mes a 700 euros”.

Punta del iceberg

Aquí los sindicatos más representativos también defienden una la solución global. Pero discrepan de su perspectiva. UGT denunciaba que “la situación de El Prat es la punta del iceberg fruto de un contrato de seguridad [...] que recorta derechos a los trabajadores y no garantiza una correcta calidad del servicio”.

En este punto, esta central reclama la implicación de Aena y el Gobierno, a los que responsabiliza de “situar en la protección de servicios de alto riesgo a vigilantes de seguridad con salarios de 700 euros”. Esta última situación se refiere, en realidad, a casos como los que se dan en el Ministerio de Defensa o contratos del Ministerio de Empleo (Fogasa y Centros de Atención a Refugiados).

De hecho, el pasado jueves USO puso una demanda de conflicto colectivo contra Marsegur, una empresa de vigilancia a bajo coste que se hizo cargo del servicio en Defensa en marzo y aplica su propio convenio, declarado ilegal por la Audiencia Nacional, por reducciones de sueldos que superan los 400 euros al mes.