El Gobierno admite que el rescate de las autopistas tendrá un impacto en el déficit de 2018

El Gobierno admite que el rescate de las nueve autopistas de peaje en quiebra tendrá un impacto en el déficit público, pero intentará minimizarlo para lo que asumirá y volverá a sacar a concurso esas concesiones en 2018. De esta forma, con los fondos que recaude por la nueva licitación paliará en parte el coste de la llamada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), que obliga por ley al Estado a asumir las concesiones cuando estas se liquiden judicialmente, informaron en fuentes del Ministerio de Fomento.

El coste de ese proceso de reversión al Estado de las vías de peaje se ha calculado en 3.500 millones a los que habría que añadir los 550 millones de créditos participativos que recibieron del Estado las empresas concesionarias. No obstante, el Ministerio de Fomento calcula que ese coste será “sustancialmente menor” a esos 3.500 millones, como señaló el titular del departamento, Íñigo de la Serna, en la entrevista a EL PAÍS, en la que adelantó como se llevaría a cabo el proceso.

El Gobierno dará este viernes el pistoletazo de salida esta semana al rescate de las nueve autopistas de peaje en quiebra. El Consejo de Ministros aprobará un convenio, en la última reunión antes de las vacaciones estivales, que permita a a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, asumir la gestión de esas autopistas y preparar su relicitación para que vuelvan a manos privadas a finales de 2018, por un periodo de 25 años.

El calendario previsto por Fomento es que las vías se liquiden judicialmente en el primer cuatrimestre de 2018, se prepare el concurso en el segundo cuatrimestre y se adjudiquen a finales de ese mismo año. En principio, la hipótesis que se baraja es que se liciten todas en un mismo bloque (o dos a lo sumo) y al mismo tiempo.

El convenio que aprobará el Consejo de Ministros permitirá que SEITTSA realice los estudios de tráfico y de demanda, así como de viabilidad, que se someten a información pública; después elaborará los pliegos y la auditoría de situación de cada una de las autopistas para preparar a partir de ahí las condiciones de la relicitación, de forma que a finales de 2018 se puedan volver a poner en el mercado.

Ingresos de 100 millones

La gran incógnita es saber cuánto pujarán los interesados en hacerse con las vías en quiebra, que generan unos ingresos anuales de en torno a 100 millones, tras los últimos repuntes del tráfico, que en algunas de ellas llega al 15%. El Gobierno guarda celosamente su estimación y esperará a tener los estudios de viabilidad y demanda para poner esa cifra en el concurso.

Por el momento, reconoce que ya tiene calculado de acuerdo a una fórmula el coste de la RPA, que tampoco desvela para no dar pistas a los acreedores, que previsiblemente pedirán una cantidad superior por lo que el asunto acabará en los tribunales.

En la actualidad, un total de nueve autopistas se encuentran en concurso de acreedores. Estas son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.