El fiscal acusa a Rato de ocultar a los inversores el “espectacular quebranto” de Bankia

La Fiscalía Anticorrupción pidió este martes cinco años de prisión y 60.000 euros de multa para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, al que acusa de ocultar a los inversores el “espectacular quebranto” de la entidad para no frustrar su salida a bolsa en julio de 2011. El ministerio público le considera el máximo responsable de la emisión bursátil con un folleto con datos falseados que atrapó a decenas de miles de accionistas y que acabó requiriendo un rescate de 22.424 millones de euros.

El fiscal Alejandro Luzón considera que Rodrigo Rato permitió la salida a Bolsa de Bankia siendo “plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto” y su “debilidad financiera”. Y lo hizo, según él, “a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo una información incompleta y veraz” que “ocultaba la situación crítica” del banco formado por la integración de Caja Madrid, la valenciana Bancaja y otras cinco cajas de ahorros. Estas entidades, recuerda el acusador, estaban gravemente lastradas por su exposición al sector inmobiliario y contaban con unos consejos de administración “muy politizados y poco profesionales”.

Según el escrito, Rato “encarnó el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia, muy alejadas de la realidad”. El fiscal considera que, a ojos de buena parte de los inversores, Rato “aportaba el prestigio que le otorgaban sus pasadas responsabilidades en el Gobierno de España y en el Fondo Monetario Internacional”.

La acusación del fiscal Luzón se extiende al ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú y a los consejeros José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas, vicepresidente de Bankia como antiguo presidente de Bancaja, para quien se piden penas de entre dos y cuatro años de prisión. A todos ellos, el ministerio público les atribuye un delito del artículo 282 bis del Código Penal. Este precepto castiga con penas de hasta seis años de cárcel a los administradores de una sociedad cotizada que “falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión” cuando causen con ello un “perjuicio de notoria gravedad” para los inversores.

No hay falsedad de cuentas anuales

Sin embargo, el fiscal pide el archivo de la causa por “falsedad de las cuentas anuales”, del artículo 290 del Código Penal, para los miembros del Consejo de Administración del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, formada por la integración de las siete cajas de ahorro. Luzón considera que las llamadas “cuentas anuales” de BFA y Bankia del año 2011 formuladas en marzo de 2012 en el último día del plazo y sin los correspondientes informes de auditoría “no pueden considerarse en sentido estricto como tales”. El fiscal recuerda que esas cuentas no llegaron a entrar en el tráfico jurídico-mercantil y nunca estuvieron a disposición de los inversores.

Esta petición de sobreseimiento por falsedad en las cuentas anuales incluye —además de Rato, Olivas, Verdú y Fernández Norniella— a 29 consejeros de BFA, entre ellos el exministro del PP Ángel Acebes, el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga o el empresario Javier López Madrid.

En las 55 páginas de su escrito de acusación, el fiscal Luzón recuerda que la fusión de las siete cajas mediante un Sistema Institucional de Protección (SIP) que dio lugar, en diciembre de 2010, a BFA, la matriz de Bankia, “no comportó irregularidad contable alguna” y fue aprobado por el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El organismo supervisor dio su visto bueno al plan de integración de las siete cajas elaborado por AFI y Deloitte; calificó a las entidades integrantes de “fundamentalmente sólidas” y consideró su proyecto de integración de “consistente y fiable”.

El “germen del quebranto” de Bankia lo sitúa el fiscal en el momento de la segregación de Bankia y BFA, en abril de 2011, dos meses antes de la salida a Bolsa. BFA quedó como un “banco malo” para incluir los activos problemáticos y que Bankia estuviera saneada ante su estreno bursátil. Sin embargo, recuerda Luzón, “se traspasaron a Bankia las desastrosas participaciones inmobiliarias procedentes en su mayor parte de Bancaja”.

El fiscal considera que el colapso de Bankia, en mayo de 2012, no puede desligarse de la “inadecuada gestión” de las cajas que la componen, en especial Caja Madrid y Bancaja. Muchos de sus gestores permanecieron en BFA, cuyo Consejo de Administración se formó con “criterios territoriales y de poder político”. Luzón recuerda, además, que determinadas deciones contables de las cajas, autorizadas por el Banco de España, como no cargar las pérdidas a las cuentas de resultados y cargarlas contra las reservas, contribuyeron a que el quebranto no se “evidenciara claramente”.

Con la salida a bolsa, mediante la fórmula de doble banco, se buscaba evitar la entrada del FROB en el capital, con su consiguiente coste para el contribuyente, y la entrada de terceros inversores, que hubiera supuesto, según dijo Rato, “un profundo cambio en la gobernanza de la entidad”. Así, constata el fiscal, “confluyeron los intereses públicos de las autoridades de evitar un nuevo esfuerzo económico a los ciudadanos” con los “intereses privados de los administradores de Bankia de conservar sus puestos en el Consejo de Administración”.

Problema de rentabilidad

El engaño para los inversores, según el fiscal, no reside en la falsedad de las cuentas anuales, sino en la ocultación de que Bankia “no era viable en un entorno de crisis sin recibir nuevas ayudas”. “El problema de Bankia residía en el aspecto clave de cualquier negocio: la rentabilidad”, afirma Luzón. “Esta consciente ocultación por parte de los acusados de la verdadera situación de la entidad para afrontar su futuro (...) se tradujo directamente en un perjuicio patrimonial” para los inversores, que ignoraban que “BFA-Bankia iba a necesitar a medio plazo mucho más capital adicional para corregir el deterioro imparable de sus activos crediticios”.

Los accionistas, sobre todo el 60% del tramo minorista, no fueron advertidos de las consecuencias del fuerte descuento del precio de salida de las acciones, que se fijó en 3,75 euros por título, cuando las previsiones iniciales eran de entre 4,41 y 5,05 euros por acción. Según el fiscal, esta bajada, además de “evidenciar los deterioros que no lucían plenamente en la contabilidad, determinó automáticamente la inviabilidad e insolvencia de BFA”, lo que acabó dañando a Bankia.