La Audiencia Nacional juzga el saqueo de la CAM en plena quiebra

La Audiencia Nacional inició este lunes el juicio contra ocho exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entre ellos su expresidente Modesto Crespo y su ex director general Roberto López Abada, por el supuesto falseamiento de sus cuentas y el saqueo de la entidad mediante bonus ilegales y prejubilaciones millonarias entre 2010 y 2011, cuando estaba técnicamente en quiebra. La primera sesión de la vista oral, que se prolongará hasta julio, se dedicó al debate de las cuestiones previas al interrogatorio de los acusados, previsto para este martes.

La CAM, con sede en Alicante, era “lo peor de lo peor”, en expresión del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. La entidad, fuertemente expuesta a la inversión en ladrillo durante los años de la burbuja inmobiliaria, fue utilizada por el expresidente valenciano Francisco Camps (PP) como agencia de colocación de afines y financiadora de sus proyectos faraónicos como Terra Mítica o la Ciudad de la Luz.

La que fue cuarta caja de ahorros por volumen de España fue intervenida en julio de 2011 por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y reflotada con 5.249 millones de euros de fondos públicos. En diciembre de 2011, la entidad fue adjudicada al Banco Sabadell por un euro. El volumen de fondos públicos destinados a su rescate se elevó, según cálculos de la Unión Europea, a 14.180 millones de euros.

Según la investigación, los rectores de la CAM supuestamente falsearon las cuentas de la caja para hacer pasar por beneficios de 65,3 millones de euros en agosto de 2011 lo que en realidad eran unas pérdidas de 1.136 millones. Esta maniobra contable permitió a la cúpula de la entidad, presidida por Modesto Crespo, cobrar incentivos y complementos por valor de 20 millones pese a que estos bonus estaban ligados a la buena marcha de la entidad.

Los directivos, según el sumario, también falsificaron la documentación de la caja para embolsarse un complemento de 2,7 millones de euros por jubilación.

Para el ex director general de la CAM Roberto López Abad, la ex directora general adjunta Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García, la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel y 180.000 euros de multa por falseamiento de cuentas, apropiación indebida, administración desleal y falsedad en documento mercantil.

Asimismo, el Ministerio Público reclama una pena de un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros para el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y para el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa. Para el ex director general de Recursos de la CAM Vicente Soriano, el fiscal solicita una pena de diez meses de cárcel y multa de 12.000 euros.

La sesión de este lunes se ha dedicado al estudio de las llamadas cuestiones previas, una fase preliminar en la que las partes plantean alegaciones que pueden afectar al fondo del proceso o posibles causas que aconsejen la suspensión del juicio oral. Los abogados defensores de los ocho exdirectivos pidieron al tribunal, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se excluya del juicio a las acusaciones particulares afectadas por la compra de cuotas participativas emitidas en los años previos a estas fechas. Los defensores argumentan que en su día se creó una pieza separada sobre la venta de participativas en 2007 y que esta quedó archivada provisionalmente el año pasado, por lo que no ven cabida a su inclusión en este proceso.