Riesgo limitado

Los mercados energéticos (gas y carburantes, electricidad) en España operan en un régimen de oligopolio intensivo e indisimulado. Son muy pocas las empresas que controlan todas las fases del negocio, desde la producción hasta la distribución. Esta estructura del mercado no se ha puesto significativamente en cuestión desde 1982; a lo sumo, a mediados de los 90 se tomó la decisión de liberalizar los precios de los carburantes y la administración Aznar adoptó una decisión regresiva en lo que respecta a la electricidad cuando la ley de 1998 situó la electricidad como un bien de carácter esencial, en lugar de considerarla como un servicio público. En resumen, carburantes y electricidad son mercados rígidamente controlados por un conjunto de macroempresas con diversos grado de eficiencia que, en la práctica, prestan escasa atención a los consumidores, relegados además por el Gobierno a la categoría de fondo sin relieve cuya única función es soportar la carga de una tarifa eléctrica regulada y de variaciones de precios de los combustibles que no acaban de comprender. Mucha atención a la salud de las corporaciones, nulo interés por los clientes.

Desde 1996 los responsables de energía de los gobiernos se han comportado como si su objetivo principal fuese el de garantizar que las empresas energéticas se mantengan en perfectas condiciones para que ninguna variación regulatoria afecte a su cotización. Incluso las torpes disposiciones fiscales del ministro Soria, esparciendo minitributos por toda la actividad eléctrica para cauterizar de mala manera el déficit de tarifa, carecieron de efecto en los mercados, porque los inversores bien sabían que una gran parte de esos impuestos acabarían pagándolos los consumidores. Sí, no hay duda de que los mercados energéticos están acorazados por una regulación bien entrenada y dirigida. Hay que garantizar el suministro energético y las empresas existentes tienen que constituirse en garantía (barrera a empresas extranjeras) de que la energía española responde a intereses autónomos. Los consumidores están a la intemperie y no se advierte el modo de que dejen de estarlo algún día.

Pero si la regulación está al servicio de una idea energética (campeones nacionales, evitar el daño a la cotización), el negocio energético se ha visto afectado por la aparición de nuevos jugadores y algún signo de fatiga empresarial. Al pie de las grandes bulle un revuelo de compañías, de tamaño relativo medio o pequeño, que buscan un lugar al sol en la trama energética con avidez por la inversión en renovables. Así se organizó una burbuja inversora (con la complicidad de la Administración, entonces de Zapatero, incapaz de comprender que quien paga las subvenciones públicas tiene que ser el mismo que decide cuantas y a quien se conceden). Por otra parte, la configuración accionarial de las grandes energéticas españolas se cosió en momentos de crisis con incorporaciones incentivadas. De ahí que el grado de compromiso industrial de algunos accionistas sea perfectamente descriptible.

Las oportunidades de rentabilidad son evidentes. Los fondos de inversión entienden que, tanto en lo que se refiere a inversiones medias en empresas de renovables como las participaciones significativas, pero no mayoritarias, en las grandes (en Gas Natural, por ejemplo) la ganancia es de las más seguras que pueden encontrarse hoy. Por dos razones básicas, conocidas ya desde que Zapatero vendió la ilusión de progreso tecnológico en España a través de la energía. La primera es que la energía es un mercado regulado; su riesgo es limitado y su rentabilidad está prácticamente tasada. La segunda es que el progreso de los mercados energéticos se orienta hacia la utilización intensiva de la tecnología (eólica, termosolar), una senda que sugiere rentabilidades elevadas en el futuro. Habrá más operaciones de renovables en el futuro; no es una veta agotada.