Carta blanca a las opas

Hay algo en la mitología económica que asocia el término opa (oferta pública de adquisición) a noches en vela en carísimos bufetes de abogados, negociaciones a cara de perro y un sinfín de desencuentros entre comprador y vendedor. Como todo lo mitológico se aferra a una pequeña porción de la realidad. El despacho Cuatrecasas ha rastreado diez años de este tipo de operaciones. El tránsito por esos folios cuenta los días precedentes pero también el presente y el futuro.

En la última década España ha contabilizado 54 opas. Un número limitado que evidencia los estragos de la Gran Recesión. Pero esta imagen se desvanece. El fin (al menos temporal) de la incertidumbre política, los procesos que llegarán de concentración del sector financiero, la entrada de capital foráneo en busca de negocio y un incremento de la confianza en el país ceban la máquina de nuevas operaciones.

“Existe una tendencia natural a plantear las operaciones de una manera amistosa. Porque te permite hacerlas de una forma más tranquila. Por ejemplo, cuando la opa es hostil la posibilidad de acceder a información, más allá de la que es pública, no existe”, reflexiona Juan Aguayo, socio de Corporate de Cuatrecasas. Una filosofía que nada tiene que ver con la batalla energética que en 2005 desató Gas Natural por el control de Endesa. Parece que esa forma de andar por los mercados queda lejos.

Diríase que se escuchan otras voces en otros ámbitos, diríase que la salida a Bolsa en un mismo mes de Gestamp, Prosegur Cash y Neinor ha transformado una avalancha de papel en un aluvión de dinero. “Todas esas operaciones son una gran noticia y ojalá se pudiera mantener el ritmo durante el resto del año”, observa José Luis Rodríguez, socio de Corporate de Cuatrecasas. También se aguarda que pronto la CNMV permita tramitar las opas en inglés.

La reforma legal en 2007 trajo más transparencia y protección para los minoritarios

El informe de Cuatrecasas es una horquilla. La que trasciende desde la entrada en vigor del actual régimen de opas (agosto de 2007) hasta el 28 de febrero pasado. El repaso de esos años habla de tipos de operaciones y también de números. Y revela un reparto nada equidistante entre obligatorias (13), voluntarias (19), de reducción (3) y de exclusión (19). De hecho, el que haya casi una veintena de estas últimas responde a la crisis y también al ahorro. Cotizar en el parqué genera muchos costes a cualquier empresa. Por eso abandonarlo ha sido un alivio en algunos casos. Aunque en otros responde a una estrategia de búsqueda de inversores de capital riesgo. Porque en estos predios a veces nada es lo que parece. En 10 años solo ha habido dos ofertas hostiles. Los dos movimientos que cumplen estos requisitos —desgrana Coro Fernández-Rañada, abogada del área de Conocimiento e Innovación del despacho— son las opas de la compañía danesa de renovables Greentech sobre Fersa (2012) y la de IAG sobre la aerolínea Vueling (2013). En este mismo espacio de lo excepcional, la operación de Imperial Tobacco y Altadis fue la primera en la que se aplicó el derecho de compraventa forzoso (squeeze-out). Mientras que Metrovacesa (2011) y GAM (2015) estrenaban las “operaciones de salvamento”. Esta figura permite adquirir, sin tener que lanzar una opa, una sociedad cotizada cuya viabilidad financiera corra grave peligro a corto plazo.

Todo esto resulta factible porque detrás existe “una normativa que trata de entender la realidad empresarial de España”, concede José Luis Rodríguez. Una regulación que en agosto de 2007 tuvo una reforma profunda. De hecho incorporó una directiva comunitaria de 2004 al Derecho español y añadió además los cambios normativos que vivían los mercados españoles. Fue un baño de realidad que había sido precedido por cruentas batallas por el control de grandes compañías como Endesa.

Esa directiva perseguía aumentar la transparencia y proteger a los minoritarios. Y fijó figuras que el tiempo demostró esenciales. Por ejemplo, la inmovilidad. Los administradores y los directivos de la sociedad afectada por una opa estaban obligados a respetar un deber de pasividad desde el anunció de la opa hasta la publicación del resultado de la oferta. Es el camino para evitar un potencial conflicto entre el interés de los administradores por conservar su trabajo y el de los accionistas por rentabilizar al máximo su inversión. La forma de eludir palos en las ruedas. También puso orden en la búsqueda de ofertas competidoras (los famosos caballeros blancos) y trató de debilitar los blindajes frente a las opas. Aunque con un éxito cuestionable. Todavía existen gateras para protegerse, como limitaciones de acceso al consejo de administración o el uso de opciones sobre la compra de títulos. De cualquier manera, “la norma te permite tener más capacidad de estrategia. Ahora puedes adquirir el control y luego lanzas la opa, con lo que disminuyes la posibilidad de ofertas competidoras”, analiza Coro Fernández-Rañada.

Es evidente que la reglamentación amplió el campo de juego, trazó nuevas lindes y estableció que las empresas que tomarán una participación del 30% (antes era el 50%) o más de los derechos de voto debían lanzar una opa sobre toda la compañía. Aunque quizá lo mejor fue que logró equiparar los mimbres legales españoles a los de los países de su entorno. Un camino abierto a la entrada de inversores extranjeros. Pero también una ruta franca hacia la prosperidad de una tierra que atravesaba una década de crisis y opas.