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TRIBUNA

El proteccionismo vuelve a los horarios comerciales

Los argumentos que defienden restringir las aperturas en festivos podían tener sentido otrora; ya no más

El proteccionismo está de moda. También en los horarios comerciales. Las manifestaciones contrarias a la libertad de horarios no son nuevas, pero coinciden en un momento marcado por fuertes virajes proteccionistas que atentan al interés general en todo el mundo. Europa ha acelerado el pulso liberalizador y, en España, tan solo la Comunidad de Madrid se había sumado a esta ola. Y ahora, en la propia Asamblea de Madrid, se vuelve a debatir este tema.

Aunque la justificación de las restricciones hubiera descansado en razones legítimas otrora, hoy, los argumentos en su defensa no se sostienen. No están amparados en la existencia de fallos de mercado o razones de interés general, más bien todo lo contrario. Y existe amplia evidencia académica de un impacto neto positivo de la libertad de horarios.

El argumento central de los detractores de la libertad de horarios es que favorece a los grandes centros comerciales y las grandes superficies, en detrimento del pequeño comercio, abocado a destruir empleo. Pero los estudios muestran un efecto neto positivo en el empleo derivado de la liberalización, así como un uso más eficiente del trabajo.

La restricción de horarios comerciales reduce las posibilidades de la compra presencial frente al imparable auge del comercio electrónico, que no tiene restricciones para el consumidor. Si el objetivo es la protección del pequeño establecimiento, que vive ajeno al e-commerce, serán las grandes superficies las que operen su canal online con menores costes, por lo que el efecto será, a todas luces, contraproducente. Y tampoco parece muy razonable que se cuestione la apertura comercial en fin de semana en un país cuyas ciudades tienen un gran atractivo turístico y, por lo tanto, comercial.

Otra crítica es que la liberalización de los horarios comerciales eleva los costes y por tanto los precios. La evidencia empírica muestra precisamente lo contrario. La eliminación de las restricciones horarias reduce las barreras de entrada al mercado y la probabilidad de que se produzcan comportamientos coordinados por parte de los distribuidores. Asimismo, aumenta las posibilidades de diferenciación y proporciona incentivos a la innovación. El mercado de la distribución comercial gana en eficiencia al aumentar la competencia, siendo el consumidor el principal beneficiario.

Pero hay un importantísimo argumento por el cual debería perseguirse la libertad de horarios como un objetivo prioritario. Y tiene que ver con el alegato más débil de todos los que defienden la vuelta al proteccionismo comercial. Es el que presume que no es necesario que los comercios abran los domingos puesto que la demanda es baja en esos días. Hay muchas razones y evidencias para demostrar justamente lo contrario, que los consumidores adoran poder hacer sus compras cuando les plazca. Especialmente si su tiempo vale menos y pueden combinar la compra con el ocio y otras actividades relacionales. Además, de ser cierta esa alegación, no habría incentivos para abrir en domingo. Y, puesto que no es obligatorio para un comercio abrir un domingo, ¿cómo se justificaría la prohibición?

Por otra parte, la odiosa e increíble coincidencia de horarios laborales y de apertura de los comercios constituye un grave problema para muchas personas a la hora de asignar su tiempo disponible para realizar compras. La gente pagaría con tal de poder evitar esta enorme incomodidad. Así, es inconcebible pensar que el consumidor va a aumentar su bienestar al limitarse su libertad de elección y no al revés.

Aunque la sociedad haya sancionado como prioritarias las prácticas de conciliación, el ámbito adecuado para incidir desde la regulación en esta materia deben ser los horarios laborales, no los horarios comerciales, que han evolucionado a favor del consumidor compensando la rigidez de los primeros.

Una reversión de la libertad de horarios comerciales traería consigo una severa pérdida de bienestar, además de pérdida de empleos, actividad económica y recursos fiscales. Pero lo que es más grave es que no ayudaría nada a la emergencia del pequeño comercio del siglo XXI.

José Antonio Herce y Pablo Hernández son director asociado y consultor sénior de Afi, respectivamente.