Bruselas obliga a España a flexibilizar los pagos de la PAC

El próximo 1 de febrero, la Administración abrirá el plazo para la presentación de las solicitudes de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) que suponen un montante de casi 5.000 millones de euros y que en 2016 recibieron 795.000 personas. El plazo inicial de presentación finaliza el 30 de abril. Estos pagos se realizan de acuerdo con los derechos de pago base que disponga cada explotación y los mismos se harán efectivos entre el 16 de octubre de este año y el 30 de junio de 2018.

En relación con la aplicación de las ayudas para esta campaña, el Ministerio de Agricultura, a instancias de la Comisión Europea, ha flexibilizado las condiciones para acceder a las mismas modificando cuatro reales decretos. En las disposiciones anteriores, los pagos de las ayudas estaban reservados solamente a las personas físicas o jurídicas que se consideraran como agricultores activos. Ello conllevaba la exigencia de que al menos un 20% de los ingresos estuvieran relacionados con la actividad agraria correspondiendo a la venta de los productos, pudiendo proceder el 80% restante de las ayudas de la PAC.

Con las modificaciones introducidas a instancias de la Comisión se entiende por solicitante activo aquel que ejerza simplemente alguna actividad agraria. En función de esta nueva definición, tienen derecho a percibir las ayudas los peticionarios con derechos de pago que demuestren haber asumido algún riesgo empresarial en el sector en base facturas sobre cuestiones como pago de labores o compra de medios de producción. Esos peticionarios serán considerados como de riesgo y sufrirán más inspecciones que el resto. En medios agrarios se ha reclamado históricamente que las ayudas fueran básicamente para los 300.000 profesionales de la actividad agraria. Las modificaciones introducidas por Agricultura no supondrán un gran trasiego de pagos ante la exigencia de que los peticionarios nuevos deben disponer de eso derechos de pago asignados en 2025, aunque pueden haberlos adquirido ahora en el mercado de compraventa.

Con esos cambios también se abre la posibilidad de que puedan recibir ayudas si disponen de los derechos, superficies de actividades incluidas en la lista negra: tierras de aeropuertos, de campos de deporte, tierras del ferrocarril o de urbanizadoras siempre que los pagos PAC supongan al menos el 5% de sus ingresos totales por actividades no agrarias.