Política de rentas

Ya se ha expuesto con suficiente insistencia: no habrá recuperación económica sostenida (si entendemos por recuperación algo más que crecimiento económico) mientras no se active un ritmo razonable de aumentos salariales y, en la medida de lo posible, ganancias de poder adquisitivo. Esto es tan evidente que no se entiende como el Gobierno, al que precisamente por serlo le corresponde tomar la iniciativa en estos asuntos, no está incitando a que cambie la política de rentas. Si, como sostienen los pasquines oficiales, la recuperación ya es plena, nada se opone a tutelar un crecimiento selectivo de los salarios, a través por supuesto de una negociación entre los agentes sociales. Pero desde Economía y Empleo guardan un ominoso silencio sobre el particular. Refugiado tras el burladero de las estadísticas generales (esas que dicen cuanto ha subido el empleo sin especificar la calidad del mismo), el asunto de las rentas salariales es ajeno a las preocupaciones del Ejecutivo. Y, sin embargo, debería ser el problema fundamental de la economía, junto con una reforma fiscal congruente y el cumplimiento del objetivo de déficit, para el año 2017.

En 2017 se inaugura una etapa nueva en la carrera precios/salarios. Todo hace suponer que la inflación comenzará a repuntar con cierta fuerza (si continúa la tendencia de diciembre de 2016), con lo cual los magros salarios hundidos por la reforma laboral que hasta ahora no sufrían pérdidas de poder adquisitivo por la caída de los precios, empezarán a perder poder de compra de forma acelerada. Estamos pues ante dos problemas: por un lado, los salarios se han hundido durante la crisis (el sueldo más frecuente en España, testado en 2014, fue de 16.500 euros anuales); por otro, la inflación comenzará a morder las escuálidas retribuciones desde este momento. Por lo tanto, el ciudadano está interesado en obtener dos respuestas. La primera es si el Gobierno y los agentes sociales están dispuestos a impulsar una nueva política de rentas que evite la pérdida de poder adquisitivo. La segunda, más de fondo, es si el crecimiento económico, asimilable estadísticamente a recuperación (aunque para el ciudadano este término sea ininteligible), se ha conseguido única y exclusivamente por la caída de las rentas salariales desde 2008 y, en particular, por su hundimiento desde la reforma laboral del gobierno.

Que se sepa, los gobiernos de Rajoy no han tenido una estrategia económica. Llamar política económica a la declaración verbal de combatir el déficit público y deprimir el empleo y las rentas salariales a través de recortes laborales (las reformas son otra cosa) es una ofensa a la macroeconomía. Una política económica auténtica habría definido los instrumentos organizados para compensar el déficit (recorte estructurado de los gastos, aumento armónico de los ingresos), pero Luis de Guindos y Cristóbal Montoro se han limitado a cortar gastos por donde caía el hacha, parchear de mala manera los ingresos (vivimos en un batiburrillo fiscal) y a reducir salarios, siguiendo la prédica neoliberal de despedir o bajar sueldos cuando vienen mal dadas. La depresión salarial, si era necesaria, tendría que haberse acompañado con políticas de rentas compensatorias (protección social, prestaciones de desempleo), pero a la vista está que esas políticas no sólo no se han practicado sino que, de hecho, se han recortado.

Bien, pues esta estrategia de “caigan los salarios y sálvese el que pueda” ya no es sostenible. La economía española necesita con urgencia una política de rentas, es decir, un calendario de subidas salariales en las empresas que puedan permitírselo más un fortalecimiento de las redes de protección social. Gobernar con las estadísticas generales en la boca equivale a desmarcarse de los problemas de los ciudadanos.