El FROB replica las críticas del Tribunal de Cuentas a su gestión

El Tribunal de Cuentas emitió este martes un duro informe en el que cuantificaba en 60.718 millones el coste del rescate bancario. Además, realizaba unas duras acusaciones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), controlado por el Ministerio de Economía, por “insuficiencias o deficiencias de tipo formal en la tramitación de los contratos”. También habló de “notables deficiencias” en el cálculo del coste de financiación de los activos captados. El Tribunal le recomendó aprobar “un sistema de contabilidad analítica que permita conocer los recursos que se aplican a cada uno de los procesos de reestructuración, así como los ingresos y gastos imputables”.

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La reacción del FROB ha sido también contundente. Tras presentar 21 alegaciones con todo lujo de detalles a lo largo de 70 folios, este miércoles ha emitido una nota de prensa en la que defiende su actuación en la venta de entidades rescatadas asegurando que siempre maximizó el retorno de ayudas públicas, además de perseguir una “completa neutralidad” e igualdad de oportunidades para los potenciales compradores.

Destaca que el Tribunal “concluye que el FROB actuó de acuerdo con la normativa aunque observa cuestiones de procedimiento de acuerdo con diferencias de criterio”.

El organismo se reafirma que ha realizado análisis sobre el coste de las medidas de resolución y de las alternativas posibles a la venta. “En todos los procesos se ha contado con expertos independientes con el objeto de asegurar una total objetividad en la actuación y de reunir toda la información necesaria, de la máxima calidad y profundidad, para adoptar las decisiones más eficientes”, defiende.

El FROB ha incidido en que la labor de estos asesores ha consistido en la valoración y cuantificación de las distintas alternativas. En cuanto a las afirmaciones del Tribunal de Cuentas respecto a que el FROB haya incurrido en mayores gastos en los procesos de reestructuración, al solicitar informes que finalmente fueron innecesarios (CEISS y Liberbank) o con la concesión en 2010 de una línea de crédito que finalmente no se empleó, el organismo recordó que uno de los principios esenciales de su actuación es asegurar la continuidad de las actividades y servicios esenciales para la economía y “evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero”.

“Ello le lleva indefectiblemente a actuar con cautela y prudencia, debiendo prever alternativas para el caso de que no prosperen las soluciones privadas adoptadas por las entidades de crédito y haya que recurrir sin demora al apoyo financiero público, en escenarios que exigen la máxima rapidez y diligencia”, esgrime.