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El Gobierno concede un año de gracia a las cabinas telefónicas

Industria obliga por decreto a Telefónica a hacerse cargo de los teléfonos públicos en 2017 mientras estudia eliminarlas del servicio universal

Una cabina telefónica en la madrileña Puerta del Sol.
Una cabina telefónica en la madrileña Puerta del Sol. EFE

El Gobierno ha obligado a Telefónica a asumir la obligación de mantener el servicio de cabinas y de guías telefónicas durante 2017, con posibilidad de prórroga hasta finales de 2018, tras haberse quedado desierto el concurso público para su provisión, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La designación de Telefónica en este caso se produce solo por un año en lugar de cinco, como ha sucedido hasta ahora, a la espera de que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital decida si finalmente elimina del servicio universal de telecomunicaciones la obligación del suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago, como le han pedido los operadores y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), informaron en fuentes del sector.

En esa línea, el Ministerio de Industria recordó este miércoles que en el ámbito de la Unión Europea se ha iniciado el proceso legislativo para la adopción de una nueva directiva (denominada Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas) que revisará la regulación del sector de las telecomunicaciones. El nuevo proyecto de directiva plantea cambios en la definición del alcance del servicio universal en el que desaparecen las componentes de guías y cabinas telefónicas, y se realiza mayor énfasis en los aspectos de asequibilidad.

No obstante, la orden del BOE se limita a señalar que se ha elegido a Telefónica para garantizar la oferta de cabinas en todo el territorio nacional "ya que es la actualmente designada para la prestación de dicho elemento del servicio universal".

Industria podrá prorrogar hasta finales de 2018 la obligación para Telefónica

El Gobierno tuvo que asignar por decreto a Telefónica en 2011 que se hiciera cargo de la oferta de cabinas durante cinco años, y convocó el pasado 30 de septiembre un concurso público para que proveer este servicio a partir del 1 de enero de 2017, pero ninguna operadora manifestó el más mínimo interés por concurrir al mismo.

Las operadoras se han quejado en numerosas ocasiones de que se trata de un negocio muy deficitario debido a la generalización de la telefonía móvil que hace innecesario esta oferta en la mayor parte de las poblaciones. Además, el vandalismo (las cabinas deben poder usarse con monedas) hace que el mantenimiento sea muy caro.

La CNMC fija una compensación para la compañía que se hace cargo de las cabinas que deben abonar todos los operadores, pero esta es mínima. En 2014, último año para el que se ha hecho el cálculo se dictaminó en 1,4 millones de euros, pero Telefónica cifra el coste real en cerca de 5 millones.

Un 88% de los españoles confiesa que no ha usado una cabina en el último año

Escaso demanda de cabinas y guías 

El número de cabinas telefónicas a finales de 2016 era de 18.161, según cifras del Ministerio de Industria. Un informe de la CNMC, basado en los datos recogidos por el Eurobarómetro en 2014, señalaba que el 88% de los españoles nunca han utilizado las cabinas en el último año, y un 81% de los ciudadanos encuestados respondieron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con mantenerlas dentro del servicio universal.

Por su parte la demanda de guías telefónicas es aún más reducida: el número de ejemplares en formato impreso entregados durante 2015 fue solamente de 127, y los ejemplares en formato electrónico entregados mediante descarga (acceso online) fueron 9.998.

El actual servicio universal garantiza que tiene que haber al menos un teléfono público de pago y uno más por cada 3.000 habitantes, en cada localidad de 1.000 o más habitantes y una cabina en cada uno de los municipios de menos de 1.000 habitantes en los que esté justificado en base a los criterios de oferta mínima.

La CNMC remitió en marzo pasado un informe a Industria en el que se aconsejaba revisar la conveniencia de mantener las cabinas dentro de las obligaciones del servicio universal, debido al bajo uso de los mismos

El abono social telefónico

No solo existe un abono social de energía. Los hogares más vulnerables también cuentan con un trato especial telefónico que está recogido en el servicio universal de telecomunicaciones, que prevé "la existencia de una oferta de precios asequibles a los servicios incluidos en el servicio universal para personas con necesidades sociales especiales".

En este caso es un descuento que se aplica a los jubilados y pensionistas con renta familiar inferior al 120% del IPREM (639,01 euros mensuales) para facilitarles el acceso al servicio telefónico fijo. Dicho descuento es del 70% de la cuota de alta y del 95% de la cuota de abono mensual. Según los últimos datos del Ministerio de Industria, se benefician del abono social unas 55.000 familias.