Los inspectores del Banco de España critican la contratación de auditores privados

La Asociación de Inspectores del Banco de España, la agrupación que representa a los inspectores de entidades de crédito, ha remitido una carta al gobernador del organismo supervisor, Luis María Linde, en la que se queja de la contratación de personal externo procedente de auditorías privadas con el fin de realizar en 2017 labores de inspección in situ en entidades financieras.

“A nuestro juicio, existen serias dudas de que la supervisión de nuestras entidades de crédito pueda ser realizada por personal no adscrito al Banco de España o al BCE, incluso aunque la contratación de los mismos fuese realizada por este último, al tratarse de una función que nuestra Constitución reserva a la Administración pública”, argumentan en la misiva con fecha de 23 de diciembre a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los inspectores muestran también su preocupación por el “posible conflicto de intereses en el caso de que participen firmas en inspecciones de entidades a las que hayan prestado, estén prestando o presten en el futuro servicios de auditoría y/o consultoría”.

La asociación considera que el recurso a la contratación temporal para la inspección de campo choca con la normativa laboral española y demuestra la deficiente planificación de personal que lleva a cabo la Dirección General de Supervisión. Además, cree que se podrían haber tomado medidas alternativas para evitar semejante situación. Incluso, se ofrece a colaborar en la búsqueda de soluciones “factibles”.

En todo caso, el colectivo de inspectores reclama que se les informe sobre tres puntos: uno, si existe algún informe jurídico que avale la legalidad de esta nueva práctica. Dos, en el supuesto de que lo haya, que se les explique cuáles son los razonamientos legales que sustentan estas contrataciones externas. Y tres, si no existiera dicho informe, piden que se paralicen todas las inspecciones que tengan prevista la contratación de personal privado hasta que se despeje cualquiera de los interrogantes legales que suscita.

No es la primera vez que esta agrupación critica la manera en que se supervisan los bancos desde que esta competencia se traspasó a Fráncfort. Este verano emitieron un comunicado en el que alertaban de las deficiencias del nuevo mecanismo único de supervisión europeo. En concreto, sostienen que España ha cedido la soberanía sobre su banca sin que se tuviese garantizado que el coste de los próximos rescates no lo soporten los contribuyentes españoles. En especial, denuncian el enfoque que se sigue, basándose en proyecciones y no en el análisis detallado de lo que de verdad hay en las carteras de la banca.