América Latina dedica la mitad de recursos que la OCDE a gasto social

El informe, presentado esta semana en Santiago de Chile, recoge los datos de una quincena de países de la región de América Latina y el Caribe, subraya el potencial de aumentar el gasto público en escuelas y hospitales para hacer frente a la desigualdad de ingresos y concluye que los Gobiernos latinoamericanos “no invierten lo suficiente” en este capítulo.

Según sus cifras, de media, los países del subcontinente solo destinan el 8,7% de su PIB a programas educativos y sanitarios o a subsidios de desempleo y pensiones, frente al promedio del 16,8% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el think tank que agrupa a los países más desarrollados del mundo.

El tamaño del Estado, medido como el gasto público total, varía entre los distintos países de América Latina y el Caribe, pero en general “es relativamente pequeño”, ampliamente por debajo de la media de las economías más avanzadas: representa solo el 31% de su PIB frente al 41,5% de la OCDE, si bien esta brecha tiende a cerrarse paulatinamente. Entre 2007 y 2014 el gasto aumentó en 4,7 puntos porcentuales en la región, frente a un aumento de 2,5 puntos en el conjunto de la OCDE. En el mismo plano, el empleo público como porcentaje del empleo total es del 12,4% en América Latina y el Caribe, casi 10 puntos por debajo de la media de los países más avanzados.

A pesar de los recientes progresos, subraya el informe, Latinoamérica sigue siendo una región altamente desigual en términos de ingresos de los hogares, como lo demuestra el coeficiente de Gini —que mide la inequidad de los ingresos, siendo cero la perfecta igualdad y uno la disparidad total—: mientras que en la región está en el 0,49 después de impuestos y transferencias, la media de los Estados miembros de la OCDE está en el 0,29. Esta variable está estrechamente vinculada a la política fiscal, que en el caso latinoamericano desempeña un papel más limitado en la distribución de ingresos que en otras regiones dado el “bajo” impacto distributivo de los impuestos y de las transferencias de renta. “La política fiscal tiene un rol más limitado en la distribución del ingreso en América Latina”, apunta el documento. Tal y como está concebido, el sistema resulta en una brecha entre el ingreso de mercado y el ingreso disponible, lo que reduce el coeficiente de Gini en 2,8 puntos porcentuales de media, frente a los 17,8 puntos porcentuales en los países de la OCDE. Detrás de esta realidad emergen varios factores: un esquema de impuestos directos menos progresivos; una mayor dependencia de los impuestos indirectos, a menudo regresivos; una proliferación de beneficios fiscales; y subsidios mal focalizados en varios sectores (por ejemplo, energía), “que con frecuencia benefician a los más ricos y no a los realmente necesitados” corrobora Santiago González, uno de los firmantes del estudio, en conversación telefónica con EL PAÍS.

“La combinación de una productividad estancada [una realidad que no solo afecta a la región, sino al resto del mundo desarrollado], alta inequidad y baja recaudación está complicando a los Gobiernos. Hay poco espacio para expandir los presupuestos públicos, por lo que deberán afinar en el destino de los fondos y mejorar el diseño de las políticas”, expuso en la capital chilena Luiz de Mello, de la OCDE.