En busca del consenso en el mercado laboral

Al hilo de los recientes contactos entre el presidente del Gobierno y los agentes sociales y las controversias surgidas en torno a la normativa laboral conviene detenerse y reflexionar sobre el documento La nueva ordenación legal consensuada del trabajo y la relaciones laborales, elaborado por la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) que acaba de ver la luz. A lo largo de 55 puntos el documento realiza varias propuestas y posibles cambios en la normativa laboral para la presente legislatura, dejando abiertas las soluciones para la negociación entre las fuerzas sociales y políticas en materia, principalmente, de contratación, negociación colectiva, despido y representatividad y legitimación.

El documento parte del nonato que se había pergeñado antes de las elecciones del 20-D, pero su aplicación se vio paralizada por los retrasos en formar Gobierno. El nuevo informe, en todo caso, subraya que “las propuestas no pretenden conformar una nueva reforma laboral global de parte, sino proponer cambios concretos, de diverso alcance, resultado de la experiencia acumulada en los últimos cuatro años que han de ser respaldados en el ámbito político con un elevado nivel de consenso y contar, además, con el protagonismo de los interlocutores sociales para su aplicación, en especial a través de la negociación colectiva”.

De hecho, una de las cosas que destaca es que los trabajos realizados suponen “un respaldo a los ejes de la reforma laboral de 2012”, algo con lo que precisamente no comulgan los sindicatos. “Aunque el documento se haya detenido en señalar algunas disfunciones que se han puesto de manifiesto durante su vigencia, resulta evidente que no se ha cuestionado la desaparición de la autorización administrativa en los despidos colectivos, ni la reducción del coste del despido, ni la prioridad aplicativa de los Convenios Colectivos de Empresa”, sostiene.

Asimismo, subraya la necesidad de que la norma que se dicte ha de tener como referente la legislación europea y estar dotada de una alta calidad técnica, “extremo éste que ha sido objeto de innumerables críticas en las últimas reformas”, y “la necesidad de tener en cuenta la incidencia del entorno tecnológico digital en las relaciones laborales, fenómeno ausente en el Estatuto de los Trabajadores [ET]”. Precisamente, propone incorporar dos nuevos títulos al ET, referidos uno a los derechos fundamentales en las relaciones laborales y otro a los conflictos colectivos, en este caso en lo relativo a los procedimientos voluntarios extrajudiciales para su solución.

En contratación laboral resalta que la indefinida “debe ser la modalidad típica junto a las de contratación efectivamente causales, los contratos formativos, y el contrato a tiempo parcial, eliminando los contratos temporales acausales y reorientando hacia la formación profesional los incentivos que habitualmente se dedican a la contratación”. Al respecto, enfatizan que el contrato único apenas despertó interés como fórmula de superación de la actual situación de dualidad entre los ponentes.

También propone reforzar e incentivar la flexibilidad interna, especialmente en las relaciones de trabajo indefinidas, como medio de adaptación de las condiciones de trabajo preferible al recurso a la contratación temporal acausal y a los ajustes de empleo, “posibilitando su carácter bidireccional de forma que beneficie tanto a la empresa como a los trabajadores, en términos como la formación o la conciliación”.

Los expertos consideran la negociación colectiva esencial y proponen “potenciar la autonomía de las partes, defender el papel estructurador del Convenio Colectivo Estatal, la desaparición progresiva del Convenio Colectivo Provincial por acuerdo de las partes, sin cuestionar la prioridad aplicativa del Convenio de Empresa, cuya regulación debería revisarse para evitar disfunciones”. En todo caso, a juicio del grupo, es importante dar carta de naturaleza en la ley a otro tipo de acuerdos distintos al Convenio Colectivo de eficacia general, regulando su eficacia jurídica.

El contrato único apenas suscitó interés como solución a la dualidad entre los ponentes

El documento sugiere evitar el uso del despido disciplinario como mecanismo de regulación de empleo, articulando medidas sancionadoras o resarcitorias para encarecer su utilización inadecuada, al tiempo que se diseñan cauces funcionales para el despido colectivo. En ese sentido se encuadra la propuesta de revisar el ET, pero manteniendo el control judicial de los despidos colectivos y no recuperar la autorización administrativa. Ante eso, aboga por un papel más activo de la autoridad laboral para evitar la nulidad por defectos formales e impulsar la mediación y el arbitraje en la solución de conflictos colectivos e individuales.

Por último, en materia de representatividad y legitimación hace una llamada a la potenciación de la interlocución sindical inscribiendo la supresión de las comisiones ad hoc. Respecto a la empresarial, se propone articular un sistema de acreditación que vaya más allá del reconocimiento recíproco, como forma de asegurar la eficacia general de los convenios.