Vodafone gana el pleito por el despido de exdirectivos de Ono

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sendas sentencias favorables a Vodafone en los pleitos que enfrentan a la operadora con antiguos directivos de Ono, a los que despidió tras la compra de la operadora de cable al destaparse una inspección de Hacienda por un delito de fraude fiscal por 60 millones de euros, informaron en fuentes del proceso.

Por un lado, la Sección Primera de la Sala ha estimado el recurso de la empresa y declarado procedente el despido disciplinario del antiguo director financiero de Ono, Carlos Sagasta, como personal laboral de alta dirección, convalidando la decisión de la empresa sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación, ni tampoco a preaviso y absolviendo a la empresa de las peticiones formuladas en su contra. Sagasta tenía que recibir una indemnización de 460.311 euros, pero le fue retenida por Vodafone.

La sentencia señala que Sagasta desde que ejerció su cargo durante el período de 30 de julio de 2.010 a 14 de agosto de 2.014, ambos inclusive, “tuvo noticia de que el área mayorista de reventa internacional de voz de Cableuropa (Ono) entrañaba unos riesgos evidentes, entre otras causas, por la falta de supervisión existente en la plataforma Teles, destacando la posibilidad de que, de consuno con algunos empleados de la empresa, estuviera produciéndose un fraude masivo de IVA por algunos proveedores y también clientes, algunos de los cuales gozaban de un trato de favor en cuanto al abono de los servicios”.

Despido de Portela

Por su parte, la Sección Cuarta de la misma Sala ha revocado, estimando el recurso de Vodafone Ono, la sentencia de instancia que declaraba improcedente el despido de Rosalía Portela, antigua consejera delegada de Ono, declarando la incompetencia de la jurisdicción social para dirimir la demanda que interpuso la directiva contra la compañía exigiéndole una indemnización.

El auto del TSJM remite a las partes al orden civil, con devolución a Vodafone Ono de la cantidad consignada para hacer frente a la indemnización de la exdirectiva. Así pues, en este último caso, será la jurisdicción civil quien conozca de las demandas cruzadas entre Vodafone Ono y Rosalía Portela.

De esta forma, se revoca el auto del Juzgado de lo Social número 35 de Madrid, que declaró improcedente el despido por Vodafone de la exconsejera delegada de Ono Rosalía Portela, cuando la compañía de cable fue adquirida por la empresa británica, y le condenó a indemnizarla con 911.513 euros, aunque la ejecutiva pedía seis millones que solicitaba la directiva.

La operadora despidió a Portela, junto con el resto de la cúpula directiva de Ono, tras tener conocimiento de una inspección de Hacienda por el que la compañía podía haber cometido un delito de fraude fiscal por 60 millones de euros del pago del IVA, por el negocio de reventa de tráfico para llamadas internacionales. La compañía firmó con la Agencia Tributaria el pago de 58,6 millones por la regularización de los años 2011 a 2014 en los que se cometieron las infracciones.

Vodafone anunció la compra de Ono por 7.200 millones de euros en marzo de 2015, pero no tuvo constancia de la investigación realizada por las autoridades españolas sobre el presunto fraude fiscal del IVA hasta un poco antes de completar la operación de compra, el 23 de julio. En ese momento, decidió romper la relación laboral con la cúpula directiva de Ono, a los que había firmado un contrato de alta dirección cuando realizó al compra para facilitar la fusión de ambas compañías

Otros pleitos

Rosalía Portela y Carlos Sagasta, junto al expresidente de Ono, José María Castellano mantienen otro pleito por la vía civil con Vodafone a la que reclaman que les pague el bono que los antiguos accionistas de Ono firmaron con los tres directivos en el caso de la venta de la empresa, y uqe no le fueron abonados cuando se destapó el presunto fraude del IVA.Castellano y Portela reclaman 25 millones de euros cada uno y Sagasta, 15 millones.

Por su parte, Vodafone llevó a los tribunales a estos tres directivos y les exige 140 millones de euros, por los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad.