Visto para sentencia el juicio de las preferentes de Caja Madrid
La asociación Adicae defiende que no se superaban los controles de "eficiencia y abusividad"
El juicio por la macrodemanda de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) contra Caja Madrid por la supuesta estafa en la emisión de participaciones preferentes quedó ayer visto para sentencia tras el informe final expuesto por las partes personadas en el proceso conducido por el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid. En una sala abarrotada por más de 200 preferentistas, la vista oral concluyó en el salón de actos de los juzgados de plaza de Castilla tras cuatro horas de audiencias.
Tras concluir la vista, los afectados se desplazaron a la sede de Bankia para manifestarse y exigir que se les devuelva el dinero. Se trata del caso derivado de la demanda colectiva que interpuso Adicae junto a 2.143 personas afectadas por la presunta venta fraudulenta de participaciones preferentes.
En su informe de conclusiones, el abogado Antonio Castro solicitó al magistrado Teodoro Ladrón que dicte una sentencia estimatoria de la demanda de Adicae al considerar que ha quedado acreditado que Caja Madrid incurrió en “prácticas abusivas” y vulneró “gravemente” la normativa sectorial y la relativa a los derechos de los consumidores, ya que no se les informó de los riesgos de impago.
“Las deficiencias detectadas hacen que en la emisión de participaciones no se superaran los controles de transparencia y abusividad”, recalcó el letrado, quien insistió acto seguido en que la entidad bancaria sabía que el producto era “un bono basura” que iba a producir “fuertes impagos”.
La cúpula lo sabía
“Las agencias económicas dijeron que era un bono basura, pero la entidad dio instrucciones de que se dijera que el sistema financiero español era fuerte y que era un producto rentable. La cúpula lo sabía, pero lo colocaron como un producto de interés. No se hizo el test de idoneidad, por lo que nunca se debería haber ofrecido este producto de riesgo y complejo”, dice el informe.
De este modo, insistió en que Caja Madrid “no actuó de buena fe e incumplió diversas normativas”. Todo ello tiene como consecuencia, para el letrado Antonio Castro, que se declare la nulidad del contrato y se proceda a la devolución de las cantidades entregadas por los usuarios que quisieron invertir sus ahorros en este producto “engañoso”. “No se observaron las reglas de transparencia y no se advirtió del riesgo de impagos”, agregó.
Por su parte, el abogado de Caja Madrid, Manuel García Villarrubia, se opuso al argumento de que se trate de una demanda colectiva, así como el hecho del riesgo de participación futura que existía cuando se comercializaron las participaciones preferentes. “No existía ningún riesgo de participación futura, porque cambió la normativa. Por ello, no se ha dado el carácter de temporalidad que exige la demanda”, destacó.
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