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España y Francia rescatan el túnel del AVE bajo los Pirineos

La empresa hispanofrancesa que lo construyó y lo gestionaba no ha superado el concurso de acreedores y será liquidada

Túneles del paso transfronterizo del AVE en el Pertús.
Túneles del paso transfronterizo del AVE en el Pertús.

Los Estados español y francés saldrán finalmente al rescate del túnel de El Pertús (Alt Empordà), que conecta ambos países mediante trenes de alta velocidad. Los acreedores de la sociedad gestora de la infraestructura, TP Ferro, rechazaron este jueves el plan de viabilidad que debía permitirle salir del concurso de acreedores en el que estaba inmersa desde el año pasado con una deuda de 557,2 millones de euros. La concesionaria entrará en liquidación y la gestión pasará a una sociedad pública hispanofrancesa. El ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, admitió que deberá compensar a la concesionaria por “las inversiones hechas y no recuperadas” aunque añadió que todavía se están analizando estos costes.

La compañía controlada a partes iguales por ACS y la francesa Eiffage fue la encargada de explotar y construir la línea de 44,4 kilómetros que va desde Llers (Alt Empordà) hasta Perpiñán (Francia), que incluye el túnel del Pertús. La infraestructura estaba terminada en 2009. Sin embargo, hasta 2013 no se finalizó la línea de AVE que enlazaba Barcelona con el tramo fronterizo, lo cual ya supuso que el Estado tuviera que abonar una compensación anual de 44 millones de euros a TP Ferro y alargar la concesión tres años, hasta 2057.

Sin embargo, la finalización de esas obras no supuso el despegue de la empresa. El tráfico de trenes, tanto de pasajeros como de mercancías, era insuficiente. Según los últimos datos públicos de la compañía, por el túnel pasaban diez convoyes diarios de pasajeros y 24 semanales de mercancías. Según fuentes del sector, esos volúmenes eran insuficientes. La viabilidad de la empresa a medio plazo, además, se veía comprometida por el retraso en la construcción del Corredor Mediterráneo y la falta de continuidad en la red de alta velocidad francesa.

El ministro de Fomento y Justicia en funciones, Rafael Catalá, sostuvo tras un acto en Málaga que el Gobierno en funciones está realizando “un análisis de costes y una valoración de la responsabilidad patrimonial” que se deriva de la quiebra de la compañía. Catalá reconocióque en el contrato de concesión se preveía que si se acababa en la situación actual las administraciones española y francesa asumirían esa responsabilidad, lo que en la práctica supone “el rescate de la infraestructura”, que “quedaría en manos de las administraciones públicas”.

El ministro admitió que eso podría suponer “indemnizar al concesionario por las inversiones hechas y no recuperadas”, informa Efe. Fuentes del sector dan por hecho que la batalla se dirimirá en ese terreno, puesto que, explican, la reclamación podría rondar los 450 millones. El grupo presidido por Florentino Pérez declinó hacer comentarios sobre este asunto.

Coste de 1.100 millones

El proyecto tuvo un coste de más de 1.100 millones de euros, de los cuales al menos 636 fueron aportados por las administraciones de Francia y España y por la Unión Europea. Para cubrir el resto, TP Ferro recurrió a financiación bancaria. En marzo de 2015, la sociedad se presentó ante el Juzgado Mercantil de Girona ante la imposibilidad de afrontar el vencimiento de la deuda financiera, de 386 millones. La concesionaria intentó llegar a un acuerdo con los acreedores —bancos y fondos de inversión— mediante un preconcurso, pero estos lo rechazaron y presentó el concurso de acreedores en septiembre.

En los últimos meses, según fuentes del sector, la compañía había tratado de buscar el apoyo de los gobiernos español y francés y presentó una propuesta de convenio que contemplaba un aumento de periodo de concesión y una reducción de la deuda mediante quitas y préstamos participativos. TP Ferro aseguró en un comunicado que la dirección, los accionistas y los administradores concursales “han intentado hasta el último momento llevar a cabo con éxito la refinanciación de la concesión”. Sin embargo, esas negociaciones fueron infructuosas.

Este jueves vencía el plazo para que los acreedores dieran respuesta a la propuesta de convenio de TP Ferro. A las 10.00 horas estaba convocada en el juzgado Mercantil de Girona una junta para que estos se pronunciaran, pero la reunión no llegó a celebrarse. El juez abrirá en los próximos días la fase de liquidación de la compañía, que tardará algunos meses. Los actuales accionistas saldrán del consejo de administración, que serán reemplazados, como marca la legislación, por la administración concursal.

La hasta ahora concesionaria aseguró que la continuidad del servicio está garantizada “con los mismos niveles de prestaciones y calidad del servicio”, puesto que todo el personal y las actividades pasarán a una nueva empresa hispanofrancesa que constituirán las empresas públicas Adif y SNCF Réseau. Según el comunicado, esta nueva compañía mantendrá la actual dirección de TP Ferro.

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, atribuyó este jueves la quiebra de TP Ferro a la “falta de inversiones del ministerio de Fomento en el Corredor Mediterráneo”. En un comunicado, Rull aseguró que la concesionaria de ACS y Eiffage no ha logrado el objetivo de tráfico de trenes que se había planificado (19.000, frente a los 800 que circularon en 2015) por la “demora en las inversiones previstas”.

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