Menos déficit sin desaceleración

Son tiempos difíciles para Europa, cuestionada por la salida de Reino Unido y por las dificultades a las que se enfrenta para definir reglas razonables a los países que permanecen. Así lo demuestra la reunión de los Ministros de Economía y de Hacienda de la Unión Europea en el Ecofin esta semana sobre el incumplimiento de los objetivos de déficit público por parte de España y Portugal. En ambos países, el déficit público había sobrepasado los objetivos fijados para el 2015. En el caso de España, el déficit representó el 5% del PIB (sin contar las ayudas al sector financiero), unos 8.000 millones de euros por encima del techo de déficit acordado con los otros países europeos. En principio, este desvío se sanciona con una multa de 2,100 millones de euros, además de la congelación de la mitad de los fondos estructurales que recibe cada año el país (en torno a 38,000 millones de euros para el periodo 2014-2020). Parece que Bruselas se decanta por una sanción simbólica condicionada a un compromiso creíble de reducción del déficit.

El enfado de Bruselas es comprensible. El incumplimiento del objetivo se debe en parte a un recorte en los impuestos, en torno a 6,100 millones de euros, decidido en 2015 en periodo electoral. Por otra parte, ninguna economía puede permitirse la acumulación de desequilibrios presupuestarios por el riesgo que plantea en cuanto a la sostenibilidad de los servicios públicos o del sistema de pensiones. La deuda pública ya alcanza un año de renta nacional mientras que, al ritmo actual, el fondo de reserva de las pensiones desaparecerá en menos de dos años. De no adoptarse medidas adicionales, la previsión de Funcas para el déficit público sería de un nuevo incumplimiento de los objetivos este año y en 2017.

No obstante, conviene una reducción gradual del déficit. La economía española está todavía en vías de recuperación. Se prevé, según las previsiones publicadas por Funcas esta semana, un crecimiento del 3% para este año, el doble que la media de la zona euro. Pero la persistencia de una elevada tasa de paro exige el mantenimiento de un crecimiento en empleos de calidad. La aplicación de medidas de austeridad frenaría la recuperación, en plena desaceleración de la economía mundial, de incertidumbres creadas por el Brexit y de dudas sobre la solidez del sistema bancario en varios países europeos, sobre todo Italia.

En este contexto de reducción gradual del déficit, convendría actuar mediante un aumento de la recaudación y no de recortes en el gasto. Los ingresos públicos representan el 38,2% del PIB, es decir 8.5 puntos menos que la media de la zona euro y por debajo de lo que se recaudó antes de la crisis. La reducción del déficit registrada estos últimos años, ha recaído esencialmente en la contracción relativa del gasto público, y no en un aumento significativo en la recaudación. El país necesita invertir en nuevas tecnologías, educación, desarrollo y ciencia, cobertura del desempleo y cohesión social, lo que sin duda requiere un esfuerzo por parte del Estado junto con mejoras de eficiencia.

Las propuestas parecen ir en este sentido. El Gobierno anuncia iniciativas para atajar la evasión fiscal y un aumento del impuesto sobre sociedades. Otros expertos apuestan por un alza de los impuestos sobre hidrocarburos, el IVA o una mayor progresividad del impuesto sobre la renta y de las cuotas a la Seguridad Social. Son diferentes opciones que tendrían que ser debatidas entre las fuerzas políticas.

En cualquier caso, las discusiones en Bruselas dejan abiertas importantes cuestiones. Sorprende que se impongan multas a países que han realizado meritorios esfuerzos de recuperación como España y Portugal, pero no a Alemania y Francia cuando se encontraron en situación de déficit excesivo. Por otra parte, en contra del criterio de Bruselas, Italia está considerando la concesión de ayudas públicas para hacer frente a la una grave crisis bancaria. Los créditos irrecuperables podrían ascender a la quinta parte del PIB italiano y esto requiere de una rápida solución ante el peligro de contagio al conjunto de la banca europea. Es el momento de reformar el funcionamiento de la zona euro.

Raymond Torres es director de Coyuntura de la Fundación Cajas de Ahorro (Funcas).