El consejo del BPI acepta la opa de CaixaBank

El consejo de administración del banco portugués BPI ha aceptado la opa de CaixaBank, un año después de rechazar otra por un precio superior. En esta ocasión, el mismo consejo de administración señala que la opa del banco catalán es "oportuna" para solucionar el problema que tiene con el Banco de Fomento de Angola (BFA). Ahora la decisión está en manos de los accionistas, que deben aceptar o no la venta.

La opa de CaixaBank es la segunda en 14 meses; la anterior fue de 1,3 euros por acción, que fue rechazada, y la de ahora es por 1,113 euros por acción que, pese a su valor inferior, ha tenido una mejor respuesta por parte del órgano ejecutivo del banco portugués. Aunque todavía deberá ser juzgada por los accionistas. En el comunicado al mercado de valores, BPI valora que si se acepta la opa se abre "un abanico de alternativas para solucionar el actual incumplimiento de BPI sobre el límite de grandes riesgos causado por la exposición de la deuda pública angoleña".

BPI tiene el 50,1% del BFA, estando el resto en manos de la empresaria Isabel Dos Santos. Desde el pasado abril, el BPI está bajo el riesgo de una multa diaria de 160.000 euros por superar el límite de riesgo que impone el Banco Central Europeo a los bancos con capitales en países que no siguen sus mismas normas, como es el caso de Angola.

Dos Santos ha solicitado a la CMVM que designe a un auditor independiente para que fije el precio mínimo que tiene que pagar CaixaBank

En el informe de 40 páginas, el BPI analiza el precio de la acción y, a pesar de señalar que es difícil determinar un precio justo porque hay "factores que no se pueden cuantificar, el banco cifra en 1,54 euros el precio de la acción, un 38% más alto que el ofrecido por CaixaBank, aunque casi un euro menos que el precio que marcó como justo hace un año. A diferencia de la anterior opa, en este caso, el consejo no califica el precio de la opa y se limita a calificarla de "oportuna" para solventar dificultades y encarar futuros desafíos.

En el mismo informe entregado al CMVM, el BPI señala que si triunfa la opa de CaixaBank el ahorro en costes de personal por sinergias sería de 45 millones de euros que se cuantifica en un millar de empleados menos de los 5.899 que tiene en Portugal.

Cuatro consejeros han votado en contra del informe, entre ellos la representación de Isabel Dos Santos y de la familia Violas. El representante de Dos Santos ha solicitado a la CMVM que designe a un auditor independiente para que fije el precio mínimo que tiene que pagar CaixaBank en la opa. Mário Leite señala en el voto particular que el precio "no es justo ni equitatitvo".

Respecto a la postura ante la opa, dos de los 11 consejeros asistentes han señalado que la rechazan y el resto manifiestan que aún no han tomado postura. A la reunión no asistieron los cuatro representantes de CaixaBank.

Si ahora la opa de CaixaBank logra obtener la mayoría del capital —solo le falta un 6% para ello—, el riesgo sobre Angola pasaría a computar en el banco catalán y no en el BPI y, al ser una entidad financiera mucho mayor, no sobrepasaría el riesgo. Gracias a este proceso, el BCE ha paralizado las multas sobre el banco portugués, a la espera de que la segunda opa de CaixaBank tenga éxito.

A falta de un acuerdo entre CaixaBank y el segundo mayor accionista (Dos Santos, con el 18,1%), el Gobierno de António Costa promulgó un decreto ley para que los accionistas de los bancos voten a partir del 1 de julio el fin o no de la limitación de los derechos de votos. En el BPI, el límite es el 20%, por lo que el banco catalán con el 44,8% del capital tiene los mismos derechos de voto (20%) que Isabel Dos Santos con el 18,1% de las acciones. La opa está condicionada a que se acabe con la limitación del derecho de voto.