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Economía colaborativa, caos regulatorio

Europa aplica normas distintas en cada ciudad para ordenar la implantación de empresas como Uber o Airbnb. En España, las normas están aún más fragmentadas

Taxistas protestan contra Uber en Buenos Aires.
Taxistas protestan contra Uber en Buenos Aires. EFE

Seguimos llamándolo economía colaborativa. Pero Uber, creada en 2009, cuenta con 6.000 empleados en todo el mundo y presencia en 400 ciudades de 69 países. Solo en Londres, cada semana 30.000 personas descargan su aplicación. Lo mismo sucede con Airbnb, una multinacional basada en la idea de compartir la vivienda habitual y que hoy tiene dos millones de alojamientos en 34.000 localidades de 191 países. La primera opera con una legislación distinta en cada uno de los 27 países de la Unión Europea. Y la segunda se desarrolla en un limbo legal en la mayoría de ciudades, que en algunos casos y dentro de un mismo Estado, compiten deslealmente entre ellas, regulando de forma independiente. La ordenación legal de este fenómeno, especialmente en países como España, está hoy muy lejos de la velocidad de su crecimiento.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reclamó en un informe más libertad para la implantación de este tipo de empresas, algo que, según fuentes cercanas al ente, le costó una guerra interna que todavía colea y que ha desembocado en postergar una posición firme sobre el asunto. Madrid y Barcelona, epicentros por población del fenómeno, siguen sin legislar en este ámbito y lo único que hay es un borrador de decreto catalán guardado en un cajón y una comisión parlamentaria para debatir la economía colaborativa. En el resto de España, se suele aplicar la legislación del sector turístico, transferida a las comunidades.

En el transporte, la lucha encarnizada de Uber por instalar su negocio en España (primero con su servicio de taxi privado y luego con el de entrega de comida a domicilio en Barcelona) ha terminado en la implantación de su versión con chóferes privados en Madrid (Uber X) utilizando las licencias VTC (en otras ciudades españolas no hay suficientes, se otorga una por cada 30 de taxi). No hay margen legal para más hasta el momento, pero en el caso de Uber la legislación que rige es estatal y el embrollo es menor. “Ahora mismo la regulación española de transporte es una de las más restrictivas de Europa ya que impide que crezca un mercado con mucho recorrido”, señala un portavoz de la compañía.

La CNMC reclama más libertad para la implantación de estos proyectos

Uber, quizá la más polémica de todas las plataformas surgidas en el marco de la economía colaborativa, ha lanzado distintas modalidades de negocio adaptables a los niveles de regulación de cada país. Además de Uber X en Madrid y en otros 15 países en Europa, existe Uber Pop (taxi convencional conducido por particulares sin licencia), solo autorizado en los Estados bálticos en la UE (cinco ciudades en Polonia), y en EE UU o México en América. La última apuesta —y la más difícil de ordenar— ha sido Uber Pool, un servicio para compartir trayecto con otros usuarios de la plataforma que, de momento, solo funciona en Londres y París (España no permite al vehículo hacer paradas para recoger pasajeros).

Airbnb, también en el aire

En el apartado de home sharing, el epígrafe legal sobre el que desearía transitar normativamente Airbnb, el único avance claro en España fue el restrictivo borrador que redactó la Generalitat: el titular de la vivienda debe ser el propietario, tiene que estar empadronado y pernoctar en el piso mientras hay huéspedes, pudiendo alquilar como máximo dos habitaciones durante cuatro meses al año. “Lo que Airbnb reclama es una regulación que permita a particulares alquilar su vivienda habitual de manera esporádica, un marco legal para los particulares, distinto al de los profesionales. Una regulación que reconozca la posibilidad de compartir el hogar, que no elimine vivienda disponible del mercado de alquiler y que respete la esencia de la economía colaborativa”, señala un portavoz.

Uber se queja de que la legislación española es de las más restrictivas

En caso de aprobarse, tampoco cerraría completamente el conflicto. Porque el Ayuntamiento de Barcelona (con 17.000 anuncios en Airbnb) también podría decidir si concede licencias a esos pisos y en qué condiciones. Actualmente, solo 8.700 viviendas poseen este permiso. Lo mismo sucedería en cualquier ciudad.

“Miguel Ferrer, experto en regulación de empresas digitales, cree que la UE poco a poco obligará a ordenar de forma uniforme el sector. “La Comisión Europea aprobó publicar en junio unas guías sobre cómo hay que aplicar la normativa a la economía colaborativa y de qué modo se tienen que evitar barreras de competencia en el mercado interno. Al final, lo que dice es que no se pueden aplicar 17 normativas distintas en las diferentes comunidades a las empresas digitales”. Algo así como terminar al fin con el caos regulatorio.

Guerra de trincheras en los municipios

Las ciudades que mejor han acogido  hasta ahora Airbnb son Londres, donde los propietarios de una vivienda pueden alquilarla como máximo 90 días al año; París, donde Airbnb se ha comprometido a recoger la tasa turística o Ámsterdam, donde la empresa también recoge dicho impuesto y los propietarios no pueden alquilar más de 60 días su hogar. El resto de las regulaciones (Hamburgo, Milán, Florencia, Lisboa…) están basadas también en la idea de expulsar de la red a profesionales del turismo o a usuarios que, contrariamente a la supuesta filosofía original de la empresa, no está utilizando únicamente su propia casa como fuente de ingresos extra (en Barcelona más de la mitad de los usuarios tiene más de un anuncio). En Berlín, la compañía no ha logrado convencer a las autoridades y la ciudad acaba de vetar su implantación.
Airbnb mantiene una lucha de trincheras ciudad a ciudad contra su detractores, formados principalmente por el gremio hotelero y los vecinos que denuncian ruidos en la escalera o incrementos en el precio de los alquileres residenciales. En algunos casos, como en San Francisco, la plataforma turística tuvo que invertir 7 millones de euros en comunicación para ganar el referéndum (con el 55% de los votos) que se planteó en su contra. en la ciudad donde nació la idea. La inversión de ambas compañías en trabajo de  lobby para hacer frente a las distintas oposiciones en cada territorio ha sido descomunal.