El cambio diferido

Una de las rémoras que arrastra la sociedad española es la ausencia de una discusión abierta sobre el papel de los sindicatos dentro de las propias organizaciones sindicales. Esta afirmación no implica sesgo ideológico, porque algo muy parecido podría decirse de las organizaciones patronales, enquistadas en la monocorde tarea de confundir los modelos económicos con los prejuicios empastados en los últimos 40 años. En el caso de los sindicatos, asistimos a un fenómeno que, como mínimo, produce perplejidad: el diagnóstico de los problemas sindicales está hecho, se conoce casi desde los años 90 —y, en algunos aspectos concretos, desde antes— algunas soluciones son evidentes y, sin embargo, las estructuras directivas de las organizaciones se niegan a tratar las decisiones correctoras o renovadoras dentro de sus propios órganos políticos. Los discursos de los responsables políticos sindicales suelen ser una larga exposición de lugares comunes entreverados con arengas que suelen confundir todavía más la exposición.

A fuerza de repetirlos, las disfunciones de los sindicatos se han convertido a su vez en una sucesión de clichés. Por ejemplo, los sindicatos no representan los intereses de “todos” los trabajadores, sino sólo los instalados con contratos fijos y, en el caso más estricto, los intereses de los afiliados. Esto es cierto, aunque habría que preguntarse qué capacidad legal o que poder de presión tienen los sindicatos para actuar en favor de los no afiliados. En cualquier caso, la argumentación deriva hacia el hecho crucial del sindicalismo, que es la pérdida intensa y continuada del número de afiliados. Salvo que estadísticas desconocidas informen de lo contrario, los últimos números conocidos sugieren una tasa de afiliación inferior al 5% de la población laboral (como media); esta afiliación se concentraría además en empresas y actividades públicas y en edades superiores a los 40 años.

La consecuencia de todo lo anterior es una evidente y preocupante pérdida de influencia de los sindicatos en las decisiones económicas y sociales. La evolución de la crisis financiera y la recesión han demostrado con crueldad que las organizaciones sindicales han sido incapaces de frenar el deterioro de las condiciones de empleo, oponerse a la caída programada de las rentas u ofrecer opciones distintas y creíbles a la política oficial. Es un hecho que mientras las políticas patrocinadas por los ideólogos económicos de CEOE han sido aplicadas, apenas sin filtro, por el Gobierno de Rajoy, los sindicatos no han concretado políticas viables ni han podido convencer a la sociedad de que disponían de ellas y eran viables. Los análisis políticos que hacen los sindicatos sobre las rentas y el empleo suelen ser de una calidad discutible, su presencia activa en las empresas tiende a desaparecer (sustituida por presencia en la calle, también decreciente) y sus equipos económicos no conectan con los intereses sociales.

Pero, como ya se ha dicho, el caso es que los sindicatos se resisten a la autocrítica y son impermeables a las críticas que proceden del exterior, que se suelen despachar con el estribillo “ataques de la derecha a la función sindical”. Si no admiten su espectacular caída de afiliación, de influencia y de capacidad para adaptarse a las variables socioeconómicas difícilmente puede entenderse que están dispuestos a corregir sus posiciones. Las únicas agitaciones que se detectan en el mundo sindical tienen que ver con luchas internas con el poder o con seísmos provocados por casos de corrupción. Por lo demás, y por desgracia, el universo sindical parece menguar progresivamente. Parece necesario exigir un debate urgente sobre la función que tienen que jugar en las empresas y en el conjunto de la política española. No basta con su presencia nominal; la sociedad española necesita de su presencia real para mantener el equilibrio.