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La rentable minuta de América Latina

Pese al frenazo económico, los grandes bufetes españoles intensifican su presencia en la región

América Latina es una voz de voces. Al menos para la música del Derecho. Un sonido polifónico repartido a través de más de 20 jurisdicciones. En cada una el mercado legal impone sus propias notas. Espacios donde la competencia en precio resulta intensa (Chile, México, Brasil) y territorios en los cuales el entorno se revela menos maduro (Colombia, Perú) y el camino, quizá, más franco.

A esta intrincada rayuela entretejida de normas y leyes llegaron poco a poco los bufetes españoles. Aunque si toda historia tiene un principio, esta comienza en 2013. Ese año Garrigues (el despacho más grande de Europa continental por facturación y número de abogados) abandona la alianza Affinitas (que el mismo impulsó) y empieza a adquirir bufetes locales con el fin de agruparlos bajo su marca. Con esta estrategia define la presencia en Brasil, México y Perú. De ahí pasa a Colombia y Chile. Un viaje intenso que agita un sector que busca el fiel de la balanza entre una competencia agresiva y la obligación de tejer lazos entre bufetes. Porque un día son competidores y otro aliados. “Es una industria de relaciones y hay que manejarlas con cuidado”, advierte Tim Girven, editor de la publicación Legal 500 para Latinoamérica. En esta orografía escarpada resulta razonable que “el precio de los servicios se convierta en un factor competitivo fundamental”, observa Javier Ybáñez, socio de Garrigues en América Latina. Sobre todo para los aspectos jurídicos más sencillos. Nadie usa los términos “pelea” o “guerra”, pero la tensión habita en una industria que reconoce que “ya no se volverá a pagar, como hace unos años, un precio desorbitado por la hora de un jurista”. La resaca de un sector que mientras pudo permitírselo dio la espalda a la región.

Sin embargo, la crisis europea y la bonanza económica de la zona, pensemos en Brasil y en algunas naciones del eje del Pacífico, atrajeron a un buen número de firmas españolas. Y lo hicieron a un terreno hostil. Un lugar donde se compite con estudios locales que llevan instalados allí desde hace décadas. En este paisaje, cada uno enfrenta el reto con su propia táctica. Garrigues, por ejemplo, ha optado por abrir oficinas lideradas por un socio español. En marzo movía su última ficha e integraba el despacho chileno Avendaño Merino. Quizá un punto y seguido en su expansión. “Podría ser la primera en poner un pie en Argentina”, aventura Tim Girven.

Sea como fuere, uno de sus principales competidores, Uría Menéndez, ha interpretado los negocios y el Derecho de una forma distinta. Plantea un proyecto que en 2018 debe concluir con la fusión de varios estudios que representan a los cuatro países que cartografían la Alianza del Pacífico. O sea, Chile, Colombia, Perú y México. “El propósito es crear una sola firma y una única organización”, resume Luis de Carlos, socio director del bufete español. Un empeño imaginado en varios pasos. El año pasado se fusionaron el estudio chileno Philippi y el colombiano Prietocarrizosa. En este movimiento, Uría controla el 30% de la operación. A esta terna se unen a finales de enero dos firmas peruanas: Ferrero Abogados y Delmar Ugarte. Solo falta México en la Alianza. En tierras aztecas mantienen un acuerdo con el bufete Galicia. ¿El próximo en incorporarse? Sería lo lógico. “Veremos en qué términos se puede avanzar en la relación”, aclara Luis de Carlos.

Porque pese a la inestabilidad económica, los despachos españoles mueven sus piezas como si fueran un cubo de Rubik. La firma Ontier (capitaneada por Adolfo Suárez Illana) trabaja en ocho países (Colombia, Chile, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Brasil, México, Perú) de Latinoamérica. Ningún bufete tiene tanta presencia, y su ambición transita paralela. “Nuestra estrategia es ir más allá de América Latina”, reconoce Carmen Bascarán, socia y directora general de Ontier Global. Un enfoque planetario que ya ensayan en Miami. Allí la oficina sirve de conexión entre Estados Unidos y Latinoamérica.

Hay que trenzar nexos y redes porque la competencia nacional y extranjera gira como un derviche. Nunca se detiene. El bufete estadounidense Dentons (bajo el liderazgo de Jorge Alers, consejero delegado para América Latina) cerraba un acuerdo con Cárdenas & Cárdenas en Colombia y también con López Velarde, Heftye y Soria (México). Mientras que DLA Piper —de la mano de Francisco Cerezo— está reimpulsado su estrategia en la región. Al tiempo, la británica Clifford Chance pone las cartas sobre la mesa. Su interés en América Latina pasa, según José Guardo, socio director de Finanzas y Banca del despacho, por “las grandes operaciones”. De hecho, el equipo que dirige cerró el año pasado 46 transacciones en infraestructuras y energía, unas 38 llegaban de América Latina.

En el caso de Cuatrecasas, esa carga de trabajo procede, sobre todo, de su relación con la petrolera mexicana Pemex y de la reforma energética aprobada por el Gobierno de Peña Nieto. Pilares con los que abría hace dos semanas su primera oficina en el país. “Si compites con despachos locales hay naciones cuya rentabilidad no resulta suficientemente satisfactoria. Sin embargo en México el ámbito legal en términos de valor añadido es muy rentable porque tiene una influencia estadounidense muy clara”, comenta Javier Villasante, socio responsable de la práctica internacional de Cuatrecasas. La entrada también ayudará a compensar la debilidad de Brasil. “El mercado es hoy algo menos atractivo de lo que lo fue en el pasado. Es una tierra de altibajos”, reflexiona el socio. Y también diferente. Los bufetes extranjeros tienen prohibido ejercer derecho local, por lo que gran parte del negocio (que ha sido ingente) lo acaparan firmas brasileñas.

Hasta aquí, el presente. El futuro amanece complicado. La economía de la región se frena, la competencia local arrecia y la niebla no se disipa en algunos países. “En Argentina hay buenas expectativas, pero se han vivido muchas expropiaciones al igual que en Bolivia y Venezuela y la inseguridad jurídica es alta”, analiza Íñigo Berricano, socio director de Linklaters en España. Sin embargo, pese a su importancia, América Latina no deja de ser una parada más en el viaje de muchos bufetes españoles (Ontier, Garrigues, Uría Menéndez, Cuatrecasas) en su ambición de construir una marca internacional de la abogacía. La consecuencia lógica de vivir en la aldea global del Derecho.

La ley es un enigma en Cuba

En los años de la Guerra Fría, el primer ministro británico Winston Churchill definió a la entonces Unión Soviética como un “acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma”. Cuba, tras su principio de entente cordiale con Estados Unidos, parece que se refleja en las aguas de esa frase. Y es que en el territorio del Derecho, la incógnita la tendrán que resolver los bufetes estadounidenses y españoles.

Durante cincuenta años la isla no ha tenido práctica jurídica privada. Aunque haya algunos estudios de nuestro país (Bird & Bird, Lupicinio y Olleros) que lleven tiempo operando de forma limitada. Sobre esta incertidumbre, la llegada a las orillas cubanas de inversiones millonarias dirigidas al turismo y los posibles litigios sobre la estatalización de las tierras tras la Revolución generará —según varios despachos— problemas. O sea, negocio. Sin olvidar, desde luego, los vínculos de las palabras.

Muchos abogados cubanos se han formado con manuales jurídicos españoles y las letras de los libros cuentan tanto como sus cifras. “Aunque aún sea pronto para establecernos, estamos siguiendo todo el proceso de apertura con mucho interés”, relata Luis de Carlos, socio director de Uría Menéndez. Pero entrar será difícil: las grandes oficinas americanas con sede en Miami son las mejor situadas. Por lo que veremos una pugna entre el derecho estadounidense y el español. A pesar de este desequilibrio, Carmen Bascarán, socia y directora del despacho Ontier Global, reconoce que están “analizando” la forma de introducirse. Sin embargo por ahora ese camino continúa siendo un acertijo, un misterio y un enigma.