Los ciudadanos tienen derecho a vivir en un entorno seguro, confortable y sostenible

Los Administradores de Fincas Colegiados vivimos diariamente el drama personal y familiar de quiénes no pueden hacer frente a un gasto esencial en su vivienda, como el pago de las facturas de energía. Sí podemos decir que la solidaridad de las comunidades de propietarios donde los gastos energéticos se reparten entre todos los propietarios, ha evitado y sigue evitando que muchas familias sufran pobreza energética. Pero no debe de ser la solidaridad colectiva la responsable de garantizar este derecho, sino que la obligación de solucionar estos problemas es de las instituciones públicas, que son las garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos, el derecho a una vivienda digna.

Si bien es cierto que está pendiente la trasposición de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética en lo referente a la instalación obligatoria de contadores individuales en los edificios con servicios de calefacción centralizados, y que estiman que con esta implantación se producirá un ahorro energético individual y un uso más razonable de la energía, desde nuestro punto de vista no solucionaría el problema de la pobreza energética individual o familiar, dado que quiénes cuenten con pocos recursos económicos tenderán a ahorrar lo más posible en calefacción, e incluso, en muchos casos, ni siquiera la usarán.

Los Administradores de Fincas Colegiados hemos colaborado siempre con las Administraciones Públicas y también lo hemos hecho para intentar solucionar el drama personal y familiar de la pobreza energética, y consideramos que la lucha más eficaz es fomentar y desarrollar la rehabilitación energética integral de los edificios como plan fundamental.

Actualmente es muy difícil iniciar la rehabilitación integral de un edificio por la situación económica y laboral existente en estos momentos, a lo que hay que añadir que el modelo actual de subvenciones a fondo perdido tiene serios inconvenientes, como es el dilatado plazo de tramitación y el hecho de que se cobren siempre a posteriori, una vez concluidas las obras. Esto hace que los propietarios tengan que afrontar un fuerte desembolso inicial que a veces es realmente complicado para un importante número de propietarios, que en ocasiones han de solicitar un préstamo bancario personal.

Por eso, desde el CGCAFE hemos propuesto la búsqueda de sistemas de financiación de las obras de rehabilitación integral de los edificios a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el Banco Europeo de Inversiones (BEI); posibilitar que las empresas de servicios energéticos, constructoras o gestoras de la rehabilitación perciban directamente, con el consentimiento explícito del cliente, las ayudas de las administraciones públicas; reforzar la Línea ICO para Comunidades de Propietarios y facilitar garantías para las entidades financieras que den créditos para financiar a las comunidades de propietarios para obras de rehabilitación, ante un posible impago del crédito.

Lamentablemente, hay muchas personas que aún no tienen cubierta esta necesidad esencial, especialmente en los países subdesarrollados, pero también en sociedades avanzadas como la nuestra. Es un largo camino, pero seguiremos trabajando en ello porque defendemos que los ciudadanos tienen el derecho a vivir en un entorno seguro, confortable y sostenible.

Salvador Díez Lloris es Presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas