La empresa española se fía del libre comercio

Europa y Estados Unidos fraguan uno de los acuerdos comerciales más grandes del planeta. El objetivo es aumentar el intercambio de bienes, servicios e inversiones. Para lograrlo se pretende limar todas las barreras existentes entre los dos mercados, desde las arancelarias hasta aquellas no tarifarias, es decir, las reglas que controlan la producción y distribución de las mercancías. Además, se discute un mecanismo legal para dirimir diferencias entre inversores y Estado. El monstruo que podría engendrarse con la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, en sus siglas en inglés) estaría integrado por más de 800 millones de consumidores y controlaría el 60% del PIB mundial.

El acuerdo, que se negocia desde 2013 a puerta cerrada, ha generado reacciones contrarias en Europa. Las líneas van del negro al blanco entre las partes encontradas y difícilmente se aprecian detalles grises. España no está al margen. Los empresarios vaticinan que el país será una de las economías ganadoras. Para dar solidez a su tesis, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el centro de análisis de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), elaboró un estudio que sostiene que, si se llega a aprobar el "ambicioso" acuerdo, el PIB español sumará un 0,74% adicional anualmente.

La mayor aportación a este repunte vendría de la eliminación de las "barreras no arancelarias", es decir, aquellas leyes, trámites o normas de un país que limitan el comercio y que pueden ser desde una licencia de importación, una inspección previa de la mercancía, hasta una restricción sanitaria. El estudio, que obvia algún tipo de riesgo para la economía, detalla que los empleos generados como fruto exclusivo del acuerdo sumarían 334.836 nuevas plazas en los primeros cinco años, un número inferior a los nuevos afiliados a la Seguridad Social en 2015, que alcanzaron los 533.186 cotizantes, resultando insuficiente para que el país mejore de manera considerable su tasa de desempleo, cercana al 21%, una de las más altas de la región.

El análisis académico

El análisis, coordinado por María Concepción Latorre, profesora de la Universidad Complutense, indica que el TTIP incrementará el consumo privado español hasta un 0,98% anualmente y los salarios de los trabajadores aumentarían un 0,72% año tras año, tras la aprobación del tratado, que podría darse a finales de 2016.

En las casi 200 páginas del informe patrocinado por la patronal no se hace ninguna mención sobre una de las propuestas más controvertidas del acuerdo: la creación de un Tribunal de Arbitraje en el que las empresas y los Estados tendrían que dirimir sus conflictos. Este mecanismo de solución de conflictos entre inversores y Estados ha sido duramente criticado por los opositores al acuerdo. El reclamo de los anti TTIP indica que, en este Tribunal, las corporaciones podrán demandar a los Gobiernos cuando consideren que su inversión está en peligro. Por ejemplo, por motivos que van desde el inicio de una huelga hasta la aprobación de una nueva regulación.

Este bloque opositor, además, teme que la eliminación de las barreras no arancelarias (conocidas como BNAS) genere estándares de producción en Europa mucho más laxos en diversas industrias, hecho que podría llevar a un detrimento en los consumidores. Aunado a ello, los anti TTIP argumentan que un aumento de la competencia, ante la entrada de nuevos participantes al mercado europeo, podría dejar sin empleo a unas 600.000 personas en la UE durante los primeros 10 años del tratado. España será la quinta economía de Europa que mayores beneficios atraerá con la puesta en marcha del TTIP, tan solo detrás de Reino Unido y los países escandinavos, según la Comisión Europea. Al respecto, el consejero político de la delegación de la UE en Madrid, Jochen Müller, afirmó que las previsiones sobre España están fundamentadas en su ubicación geográfica y en los vínculos comerciales con EE UU.

El análisis de la patronal expone que las exportaciones e importaciones bilaterales entre España y EE UU se incrementarán en un 32% y en un 30%, respectivamente, con la firma del acuerdo. "La mayoría de los sectores expanden su producción siguiendo el impulso de las exportaciones y lo hacen con intensidad en el largo plazo", detalla el estudio, que deja a un lado los reclamos del sector ganadero, que teme la pérdida de 26.000 empleos en España debido a que los productos estadounidenses, gracias también al uso de organismos genéticamente modificados —una técnica más barata y prohibida en Europa—, podrían inundar el mercado comunitario.

Voces críticas

Los sectores que mayores incrementos experimentarían son minería, alimentación, textil y seguros. Además, el texto señala que las pequeñas y medianas empresas, que suponen más del 90% de las unidades productivas del país, serán las que tendrán mayores oportunidades en el mercado. "Sorprende que en las conclusiones del estudio, en todos los escenarios que se contemplan, en todos los sectores, en todos los casos, suponen un beneficio absoluto para España... No se hace mención a ningún tipo de matiz o riesgo", comentó por separado Laura Ruiz, integrante de la asociación civil Economistas sin Fronteras.

Cuca Hernández, portavoz en España del movimiento internacional ATTAC (Asociación por una Tasa sobre las Transacciones Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos), dice que el tratado solo beneficia a las multinacionales. "Las pymes serán las más perjudicadas, pues las corporaciones estadounidenses aumentarán su competencia e invadirán el mercado europeo con estándares de producción y venta menos rigurosos", agregó. El estudio, indicó Hernández, trata de incluir a las pymes pero "no es riguroso".